El Gobierno salvadoreño atribuye al régimen de excepción -implementado en una llamada «guerra» contra las pandillas- y a su plan de Control Territorial la caída de los homicidios en un 57 % en 2022.
Por EFE
Al menos seis organizaciones no gubernamentales de derechos humanos registran 4,564 denuncias de abusos durante la medida de régimen de excepción, implementada por el Gobierno de El Salvador para «acabar» con las pandillas y próxima a cumplir un año de vigencia.
Según información compartida este miércoles por la organización Cristosal, la mayor cantidad de personas denunciantes son las mujeres, ellas «responden ante estos hechos buscando soluciones para las necesidades inmediatas, pero también para la mejora de las condiciones familiares», señaló.
Las mujeres, de acuerdo con la ONG, también son afectadas por el régimen de excepción directamente, ya que la mayoría de las denuncias recibidas corresponden a casos de mujeres detenidas.
Señaló que las juventudes «continúan siendo uno de los sectores de la población más estigmatizado durante el régimen de excepción», puesto que la mayoría de las denuncias de las organizaciones son por personas de entre 18 y 30 años.
Cristosal apuntó que la población LGTBIQ+ también se ha visto afectada, con «casos graves de acoso policial, violencia sexual o insultos ejercidos por agentes de seguridad estatal».
Agregó que «otras situaciones graves que detallan los datos son las 254 personas con enfermedades crónicas que están detenidas».
Las organizaciones que recopilaron las denuncias y los datos son Cristosal, Amate, Red Salvadoreña de Defensoras de Derecho Humanos, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamérica (Idhuca), Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Servicio Social Pasionista (SSPAS) y Azul Originario (AZO).