Consejo de la Promoción de la Competitividad y AWS Institute presentan el Estudio “Retos de la Digitalización en Costa Rica”.

Por Revista Summa

El Consejo de la Promoción de la Competitividad, con el apoyo de Amazon Web Services Institute, lanzó el estudio “Retos de la Digitalización en Costa Rica”, que expone las principales fortalezas y áreas de oportunidades del país en materia de transformación digital, a raíz de la pandemia del COVID-19.

El estudio analizó el progreso que ha tenido la agenda digital del país, especialmente alrededor de las metas de gobierno digital y el cumplimiento de la Estrategia de Transformación Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 4.0.

“Debido a la pandemia, el proceso de adopción de las tecnologías de información y comunicación (TIC) se ha acelerado aún más, convirtiéndose en catalizadores de la economía y en herramientas esenciales para la reactivación económica y la competitividad de Costa Rica y sus habitantes”, dijo Edwin Estrada, Investigador del estudio. “Por tal razón, es necesario identificar cuáles son los retos y oportunidades para que podamos apropiarnos en el menor tiempo posible de las TIC y hacer un uso seguro, responsable y productivo, por lo que estudios como el que se presenta, se constituye en un insumo esencial para los tomadores de decisiones, sobre todo de cara a las próximas elecciones nacionales”, afirmó.

Por su parte, la señora Mónica Segnini, Presidenta del Consejo de Promoción de la Competitividad, señaló la importancia de avanzar en una agenda de digitalización del sector público que permita hacer más eficiente y transparente a la Administración, de cara a la rápida evolución tecnológica en el mundo y las necesidades de la ciudadanía que demandan servicios públicos ágiles.

Si bien se han obtenido importantes avances, el informe subraya la necesidad de unir esfuerzos con miras a lograr una verdadera transformación de los servicios que presta el Estado en beneficio de la ciudadanía. En esa línea, destacan la importancia de la aprobación de la Ley que crea la Agencia Nacional de Gobierno Digital, e instan a que se dote de suficientes recursos a la Agencia para ejecutar los proyectos transversales de gobierno digital que requiere el país.

Del estudio “Retos de la Digitalización en Costa Rica” se pueden desprender las siguientes recomendaciones de políticas públicas para avanzar en la Transformación Digital de Costa Rica, un gobierno más transparente y centrado en el ciudadano.

La primera sugerencia, es optimizar el uso y distribución del espectro para el despliegue de las redes 5G. La transformación digital exige redes de telecomunicaciones resilientes y de nueva generación, capaces de soportar el traslado masivo de información y la implementación de nuevas tecnologías.

La segunda recomendación es promover la ciencia de datos para la toma de decisiones y gestión de riesgos. Deben implementarse soluciones de interoperabilidad y aprovechando tecnologías como la inteligencia artificial y el big data para informar la toma de decisión y las políticas públicas. Es necesario dar seguimiento al trabajo de la Comisión Nacional de Datos Abiertos, quien asesora en la implementación de la política nacional de apertura de datos públicos y demás instrumentos que lleven a la disponibilidad y uso de los datos públicos abiertos.

Por otra parte, la tercera sugerencia propone dotar de recursos materiales, humanos y presupuestarios a la recién creada Agencia Nacional de Gobierno Digital, con el fin de proveer a la ciudadanía un acceso simple, ágil, seguro y transparente a los servicios que ofrecen las instituciones de la Administración Pública. Es fundamental que la ANGD sea reglamentada y se le otorguen los recursos necesarios, que permitan el desarrollo de proyectos transversales de digitalización nacional mediante alianzas público-privadas y a través de concursos públicos que garanticen las mejores condiciones de desarrollo.

La cuarta sugerencia es fomentar las inversiones en tecnología, consecuentes con los objetivos de las instituciones y la interoperabilidad. Es fundamental que las instituciones del Estado adopten metas con criterios técnicos y objetivos en sus políticas de compra de tecnología, que además garanticen el principio de Neutralidad Tecnológica. El Código Nacional de Tecnologías Digitales adoptado por MICITT en el año 2020 es un avance importante, al establecer los mínimos deseables para la adquisición, desarrollo y gestión de las tecnologías y los servicios digitales en el sector público costarricense.

La quinta es diseñar e implementar un portal único para la realización de trámites gubernamentales, y/o robustecer la plataforma ya existente “Pura Vida Digital”. La plataforma tendría como objetivo la entrega de servicios públicos digitales, integrados, seguros y de alta calidad para mejorar el bienestar de los habitantes del país, a la vez que se protege la información y datos personales. Para ello, se proponen cuatro líneas de acción: servicios digitales, proactivos e integrales para la salud ciudadana; un sistema nacional de transporte inteligente; un portal nacional de gobierno digital y plataformas de servicios municipales en línea. Asimismo, se debe dar seguimiento a las iniciativas existentes para la creación de una identidad ciudadana para entornos digitales.

La sexta recomendación es entrar a evaluar las Alianzas Público-Privadas (APPs) como posible mecanismo para el desarrollo y financiamiento de proyectos tecnológicos con entidades públicas, así como el análisis de implementación de soluciones GOVTECH para solventar limitaciones de recursos. La séptima es la promoción de una cultura de gestión de los riesgos de seguridad en el uso de sistemas y redes de información, protegiendo las infraestructuras de información crítica, incluido el desarrollo de políticas y prácticas para enfrentar estos riesgos. Debe garantizarse que el Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT-CR) posea un presupuesto explícito y asignaciones de personal que le permitan desarrollar y escalar sus operaciones, diseñar protocolos de actuación y organizar campañas de alfabetización en seguridad de la información para crear consciencia.

La octava sugerencia del estudio es implementar una banda ancha para la educación costarricense. El acceso a internet en el sector educativo ha demostrado ser trascendental, especialmente ante los retos impuestos por la pandemia. Mediante la Red Educativa se espera que durante el año 2021 poco más de 2 mil centros educativos estén conectados a internet. 

Finalmente, la novena y última recomendación es fortalecer el marco regulatorio de la protección de datos personales pues se requiere una reforma integral para adaptar La Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (N° 8968) a la sociedad digital y a los estándares internacionales.

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