En la nueva lista de ONG afectadas se encuentra la Asociación de Jubilados de Nicaragua, la Asociación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos para Garantizar la Vida y Paz Ciudadana, y la Asociación Alimenta los Niños
Por EFE
El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló este miércoles la personalidad jurídica de otras 100 ONG, con lo que suman 1.768 las organizaciones de este tipo ilegalizadas tras la revuelta popular de abril de 2018, calificada como intento de golpe de Estado por el presidente Daniel Ortega.
La ilegalización de esas 100 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), al igual que otras 200, fue aprobada directamente por el Ministerio de Gobernación basado en una reciente reforma a la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, que le otorga esa facultad, que antes correspondía exclusivamente a la Asamblea Nacional (Parlamento).
En lo que va de año, los legisladores sandinistas y sus aliados en el Parlamento han ilegalizado 1.269 ONG y un total de 1.468 desde diciembre de 2018.
Entretanto, la cartera de Gobernación ha cancelado la personalidad jurídica de otras 300 ONG, con lo que suman 1.768, de cerca de 6.000 registradas.
En la nueva lista de ONG afectadas se encuentra la Asociación de Jubilados de Nicaragua, la Asociación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos para Garantizar la Vida y Paz Ciudadana, y la Asociación Alimenta los Niños.
También la Asociación para el Desarrollo y Progreso de las Comunidades Indígenas Miskitas y Sumos del Departamento de Jinotega; la Asociación de Artistas de la Danza, la Asociación de Artesanos y Pintores «Alejandro Guevara», la Asociación Veteranos de Guerra de Nicaragua, y Asociación de Rotarios de Nicaragua para el Desarrollo Comunal, entre otras.
POR INCUMPLIR OBLIGACIONES
Según el Ministerio de Gobernación, las nuevas 100 ONG afectadas incumplieron con sus obligaciones conforme lo establece la Ley de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro y su Reglamento, y la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Entre otros, indicó el Ministerio de Gobernación, no reportaron los estados financieros por más de 4 y 28 años, detalles de donaciones, su origen y beneficiario final, y las Juntas Directivas estaban acéfalas por más de 4 a 28 años.
Según el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, uno de los promotores de las iniciativas, las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018, aunque no ha presentado pruebas.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
Ortega, próximo a cumplir 77 años, lleva 15 años y 7 meses consecutivos en el poder, en medio de denuncias de autoritarismo y fraude electoral.