Los maestros se trasladaron a las cercanías de la Asamblea Legislativa y del Ministerio de Educación para dar a conocer sus exigencias.
Por EFE
Cientos de maestros del sector público marcharon este miércoles en la capital de El Salvador para demandar un «nuevo sistema de pensiones» y mejoras salariales ante los altos índices de inflación en el marco de la celebración del día nacional del maestro.
Así lo indicó a periodistas Francisco Zelada, secretario de organización del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (Simedudo).
«Vamos a demandar este día un nuevo sistema de pensiones, luchamos por mejores condiciones de atención a los problemas de salud y por el incremento salarial que debe aplicarse el 1 de enero de 2023», indicó Zelada.
Apuntó que las autoridades no han establecido comunicación con los representantes del sector docente para «negociar el incremento salarial, tal como ha ocurrido en otros años».
Recordó que la ley que rige al sistema educativo manda a revisar cada tres años el salario de los maestros y, de acuerdo con Zelada, ese plazo se cumple en 2022.
«Es urgente equiparar los salarios de los educadores al alto costo de la vida, porque todo ha subido (…) menos los salarios de los trabajadores», subrayó.
Los maestros se trasladaron a las cercanías de la Asamblea Legislativa y del Ministerio de Educación para dar a conocer sus exigencias.
En septiembre pasado, el presidente Nayib Bukele se comprometió con enviar al Congreso una reforma al sistema de pensiones, pero la propuesta no se ha presentado.
Diferentes sectores han protestado en varias ocasiones contra el actual sistema, manejado por administradoras privadas, y han señalado que los jubilados reciben «pensiones de hambre».
PROFESORES DETENIDOS
Por otra parte, Zelada llamó a las autoridades judiciales a garantizar el debido proceso a tres maestros detenidos en el marco de un régimen de excepción vigente en el país desde finales de marzo, sin dar detalles de los casos.
«Tenemos entendido que no se les ha permitido la legitima defensa» y «pedimos que se agilicen los procesos», indicó.
Son más de 41.000 personas detenidas bajo este régimen, que suspende garantías constitucionales, con el que el Gobierno de Nayib Bukele dice que está cerca de ganar la «guerra contra las pandillas».
Diferentes organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han recibido más de 3.000 denuncias de vulneraciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias.
Zelada indicó que los padres de los estudiantes han manifestado el temor de que sus hijos sean detenidos bajo el régimen de excepción al salir de sus casas para recibir clases.