El entorno macroeconómico de la región ya era complicado y le toca hacerle frente a lo que analistas consideran una pandemia económica mayor que la crisis posterior a la gran depresión de los años 30 con un espacio fiscal muy reducido.
Por Jenny Lozano
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reconoce en un reciente informe sobre el panorama fiscal de América Latina y el Caribe que para contener los contagios y tratar a los enfermos de COVID-19 los países del área enfrentan “importantes” requerimientos de gasto público a corto plazo, en aras de fortalecer los sistemas de salud, proteger el bienestar de la población y mantener el empleo. Sin embargo, han tenido que buscar los re- cursos en el mercado internacional en medio de un “endurecimiento” de las condiciones financieras, lo cual implica mayores costos para acceder a ellos.
“Ante la urgencia de los fondos, el camino era endeudarse. La deuda per se no es mala y menos en el contexto de la crisis, pero sí era clave que estuviera vinculada a un plan que permita tener claridad sobre los resultados a obtener con esos recursos. Hay que tomar en cuenta que puede comprometer el presupuesto de los próximos años y quitar espacio fiscal al gasto social y a la inversión pública en el sector productivo y en infraestructura, claves para minimizar los efectos de una crisis económica de gran envergadura”, comenta Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
En un ejercicio de proyecciones del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible de INCAE, el investigador Claudio Mora destaca que para un manejo sostenible de la deuda es necesario que los gobiernos generen un superávit, condición que actualmente no se cumple.
“La crisis del coronavirus desvió el camino. Por un lado, tenemos una caída en los ingresos fiscales y, por el otro, un aumento de los gastos sociales y moratorias en los pagos de los impuestos, lo cual empeora el resultado primario. Tendremos un déficit en lugar de un superávit. Además, la coronacrisis nos está empujando a tener tasas de crecimiento negativas, con lo cual los intereses se ubicarían en magnitudes muy por encima del ritmo de crecimiento real de la producción. Esas condiciones nos empujan a salirnos de una senda de deuda sostenible y a generar un aumento en la misma para los siguientes años”, detalla el especialista.
Un ajuste temprano y fuerte en 2021, que implique grandes sacrificios, podría ayudar a que los países logren retornar a los ni- veles de endeudamiento que tenían en el 2019. Eso podría ser percibido por las calificadoras de riesgo como un compromiso serio de su parte para mejorar los indicadores de resultados primarios, con lo cual mejoraría la percepción de riesgo y lleva- ría a una menor tasa de interés que a su vez propiciaría un mayor crecimiento y repercutiría en una menor relación deuda PIB.
Los dos grupos de países
El Salvador y Costa Rica presentan los escenarios más difíciles (en especial El Salvador que este año puede cerrar con niveles de deuda cercanos al 92% del PIB). Ambos van a requerir ajustes fuertes respecto a su tendencia histórica en los resultados primarios. Por el otro lado, está el grupo de Panamá, Honduras y Guatemala, donde según Mora, “el asunto está menos complicado”. Panamá, por ejemplo, tiene a su favor las altas tasas de crecimiento que rondan el 5% durante los últimos años.
Sin embargo, los especialistas advierten que el panorama se agravará si no se hacen cambios estructurales para la post-pandemia, dado que en su conjunto la región registrará menor crecimiento económico, más desempleo, pobreza y desigualdad, mientras la ciudadanía exigirá respuestas incrementales de los Estados, a través de una mayor provisión de bienes y servicios públicos.
“El necesario incremento de los ingresos públicos debe hacerse en el marco de reformas fiscales integrales que incluyan mejoras en la transparencia y la lucha contra la corrupción, un gasto público planificado y ejecutado en función de resultados y una mayor participación social en la discusión sobre temas de impuestos y política fiscal”, afirma Castaneda.
El ICEFI también recomienda avanzar en programas para reducir la evasión y la elusión tributaria, eliminar privilegios fiscales sin justificación técnica y una mayor progresividad de la carga tributaria por medio de un tramo al impuesto sobre la renta de trabajadores en relación de dependencia con ingresos mayores a US$50.000 anuales y a las actividades lucrativas con ganancias superiores a los US$2 millones anuales.
