Para el Cenidh, la inhabilitación de por vida a ejercer cargos públicos o de elección popular y suspensión de los derechos políticos, «profundiza la represión en Nicaragua».
Por EFE
La Justicia de Nicaragua ha inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos o de elección popular a al menos 14 personas, entre ellos cuatro sacerdotes católicos y a opositores al Gobierno del presidente Daniel Ortega, denunció este martes el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
«Tenemos una lista de más de 14 personas presas políticas a quienes se les ha hecho la misma aplicación, con el agravante de que los jueces, a solicitud de los fiscales, sin ningún trámite, sin tener ninguna facultad de cambiar una letra de una sentencia que está firme, alteran su contenido», sostuvo ese organismo en una declaración púbica.
Los más recientes casos fueron cuatro sacerdotes católicos, dos seminaristas y un camarógrafo de la diócesis de Matagalpa, norte de Nicaragua, que además de haber sido condenados a 10 años de prisión por delitos considerados «traición a la patria», fueron castigados con la inhabilitación «perpetua de sus derechos ciudadanos», según el Cenidh, crítico con el Ejecutivo sandinista.
Ese organismo, que fue ilegalizado como ONG a petición del Gobierno de Ortega en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018, tildó la pena de la inhabilitación absoluta de por vida para ejercer cualquier cargo público o de elección popular y el ejercicio de los derechos políticos, como «la aberración más grande, el último atropello a la inteligencia de las y los nicaragüenses y de la comunidad internacional».
«Para CENIDH esto es una afrenta al derecho, a la inteligencia, a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de protección de derechos humanos que permanentemente están insistiendo en condenar las violaciones a las garantías del debido proceso, a las que están sujetas las personas presas políticas en Nicaragua», anotó.
«DESTRUCCIÓN DE LA SEGURIDAD JURÍDICA»
El Cenidh argumentó que las penas accesorias, en la que cabe la inhabilitación a cargos públicos, «no pueden durar más tiempo que el establecido en la pena principal, por tanto, estas inhabilitaciones tendrían que durar los 10 años» que ha sido la pena impuesta a religiosos y a opositores.
«Denunciamos ante el mundo no solamente esta aberración cometida contra los siete miembros de la diócesis de Matagalpa, (sino también que) esta nueva acción represiva se ha comenzado a aplicar por varios jueces, a petición de los fiscales en casos anteriores, adicionando sentencias firmes», agregó.
El Cenidh insistió en denunciar «ante el mundo esta barbarie jurídica, esta persecución indiscriminada que es la destrucción total no solo de la institucionalidad sino de cualquier vestigio de seguridad jurídica que quede en el país».
«Es el aniquilamiento de las personas presas políticas para quienes exigimos su libertad inmediata», añadió.
Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que el presidente Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.