Panamá ha logrado una mejora significativa en su marco legal y regulatorio de conformidad con las recomendaciones de GAFI y de otros organismos internacionales.
Por Revista Summa
La inclusión de Panamá en la lista de jurisdicciones con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales de la Unión Europea (UE) es desacertada, más aun considerando el momento que se vive en medio de una pandemia global y sin precedentes, que ha provocado una crisis económica severa en todas partes del mundo, incluido Panamá, manifestó la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).
La nueva inclusión de Panamá en la mencionada lista tiene su origen en la metodología de la Unión Europea (UE), toda vez que, si un país está incluido en la lista de la OCDE y el GAFI, pasa entonces a estar incluido de forma inmediata en la lista de la UE. Los criterios de evaluación de la UE para la inclusión de países en la lista deben modificarse.
Un incremento en el Riesgo País, dentro de las matrices de cualquier entidad que realice negocios con la plaza panameña, significa un mayor costo, además de la posible pérdida de corresponsalías bancarias, lo que provocaría un costo adicional al realizar las revisiones de debida diligencia ampliadas.
Incurrir en este costo, en una época en la que el mundo experimenta una compleja situación sanitaria, económica y con claros visos de afectación en el sector financiero, pone presión adicional al sistema bancario del país, generando un efecto contrario al de las políticas de solidaridad y cooperación internacional que deben de imperar en este momento, entre todos los países y territorios sin distinción alguna.
La Superintendencia de Bancos reconoce los significativos logros alcanzados por el país en estos últimos años, en cumplimiento de los más altos estándares internacionales en materia de prevención del blanqueo de capitales y contra el financiamiento de terrorismo.
Panamá ha logrado una mejora significativa en su marco legal y regulatorio de conformidad con las recomendaciones de GAFI y de otros organismos internacionales, al igual que ha demostrado una alta efectividad respecto a las medidas adoptadas. El GAFI ha reconocido el esfuerzo y compromiso de nuestro país en la aprobación de un marco legal moderno en materia de prevención de blanqueo de capitales.
Lamentablemente, el solo hecho de estar incluido en la lista de GAFI parece ser la causa de nuestra incorporación en la lista europea, sin reconocer los importantes avances alcanzados.
Hemos realizado un trabajo interinstitucional, en conjunto con otros entes reguladores nacionales, con el Ministerio Público y con la Unidad de Análisis Financiero, como un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado, para seguir fortaleciendo el centro financiero panameño y, con ello, robustecer la capacidad institucional y la transparencia del país.
El Gobierno Nacional, bajo el liderazgo del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, ha demostrado desde el inicio de su administración, tener un interés prioritario en lograr que Panamá sea removida de cualquier lista discriminatoria, y en seguir trabajando en su plan de acción con miras a salir de la lista del GAFI en el 2021, siendo dicho plan consistente con la agenda de país en materia de transparencia, de
lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento de terrorismo, del fortalecimiento de sus instituciones y del cumplimiento efectivo de la ley.
Esta Superintendencia, en su condición de regulador de la industria bancaria, reafirma el compromiso de Panamá con la transparencia y el trabajo continuo en el afinamiento de los instrumentos de prevención y represión del blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo.
«Como país, seguiremos trabajando en la actualización de nuestra legislación, de conformidad con los más altos estándares internacionales, en aras de mantener un centro bancario sólido, seguro y de clase mundial.Estamos convencidos que el Gobierno Nacional, a través de los canales diplomáticos, actuará conforme a las circunstancias actuales en beneficio de los mejores intereses del país, en general, y en particular, en defensa de los servicios financieros», concluye la SBP.