La situación actual demuestra que el mantener el empleo es una prioridad y que no se trata de escoger entre economía o salud, sino que debe ser un esfuerzo coordinado.
Por Revista Summa
El escenario actual de una crisis de salud pública, representa un nuevo reto para la población mundial, especialmente para países con sistemas económicos y sociales más precarios como Guatemala, por lo cual es necesario mantener funcionando la economía. Si bien es evidente el efecto negativo de esta pandemia (lo que inevitablemente conllevará costos económicos), es complicado ponderar el impacto que tendrá en nuestras vidas. Lo que sí sabemos con certeza es que la población en general y las empresas (incluyendo MIPYMES) necesitan un importante respaldo económico temporal, oportuno y focalizado para mantenerse a flote.
Podemos distinguir dos tipos de efectos. Uno, se refiere a la repercusión en términos macroeconómicos que tendrán las ampliaciones presupuestarias y el otro, el efecto que las medidas tendrán en la economía nacional en términos de pérdida de ingresos, reducción de la recaudación tributaria, reducción en los niveles de ventas, pérdida de empleos y el posible impacto financiero en las empresas. A futuro, se busca avanzar de forma coordinada con esfuerzos de ayuda financiera para los hogares y las empresas y al mismo tiempo empezar a delinear una estrategia de recuperación económica a mediano plazo, que permita la apertura gradual de la actividad económica.
A pesar de que el monto de la ayuda ofrecida por el Gobierno para mitigar el efecto de la pandemia del COVID-
19 suma casi Q15,000 millones, el total de las ampliaciones presupuestarias, aprobadas por el Congreso de la República suman Q19,806.40 millones, de las cuales el 80% será financiado por medio de la colocación de Bonos del Tesoro y el 20% restante por medio de préstamos de organismos e instituciones regionales e internacionales.
Indudablemente este endeudamiento tendrá repercusiones importantes en las principales variables fiscales del país como el déficit fiscal, el nivel de endeudamiento respecto al PIB y el nivel de endeudamiento respecto a los ingresos tributarios.
En cuanto al déficit fiscal, asumiendo que se toma como base el presupuesto aprobado del 2019, y tomando en cuenta el efecto consolidado de las tres ampliaciones presupuestarias el déficit fiscal en el 2020 sería del 5.7%, más de 2.5 veces el déficit del año 2019, asumiendo también una reducción importante en el crecimiento del PIB para este año. Habría que tomar en cuenta que, si la recaudación tributaria cae un 10% respecto al 2019, el déficit fiscal podría llegar incluso a un 7.2% del PIB, que equivaldría a 3 veces el déficit de 2019.
En cuanto al impacto que tendrían las ampliaciones presupuestarias en el nivel de endeudamiento público, es
importante mencionar que tomando en cuenta las tres ampliaciones presupuestarias aprobadas por el Congreso, la deuda pública total aumentaría en un 13%, al pasar de un saldo de Q152,001 millones a finales de enero 2020 a Q171,807.40 hasta abril 2020.
En términos relativos, esto implica que el indicador de deuda pública cómo proporción del PIB estaría llegando
a un 29%, comparado con el 25% que teníamos hasta enero 2020, aún relativamente lejos del valor crítico
definido cómo limite por los estándares a nivel internacional que es de 40%.
Sin embargo, para analizar el nivel de sostenibilidad de la deuda pública es importante también analizar los
indicadores que muestran la capacidad de pago que tiene el país. Se define cómo sostenibilidad de la deuda, la situación en la que se espera que un prestatario continúe atendiendo el servicio de su deuda sin necesidad de que en el futuro tenga que corregir el equilibrio entre sus ingresos y pagos, por encima de unos límites
razonables. Es decir, la deuda se torna insostenible cuándo ésta sigue acumulándose a un ritmo más rápido que la capacidad de pago del país.
Es importante notar que tanto el indicador de deuda cómo proporción del PIB y sobre ingresos totales se ha deteriorado notablemente para Guatemala, incluso el segundo indicador sobrepasando el valor crítico. En cuanto al indicador de servicio de la deuda pública, este se estaría casi duplicando respecto al valor de 2019, afectando significativamente su capacidad de pago. Cabe mencionar que Guatemala es uno de los países con mayor pago de intereses de la deuda pública como proporción de sus ingresos fiscales de la región.
En el marco de la crisis actual, si bien se reconoce que, desde el punto de vista macroeconómico, Guatemala es el país de Latinoamérica mejor preparado para enfrentar una crisis, es importante el constante seguimiento a estos indicadores, ya que este aspecto es uno de los principales que son evaluados por las calificadoras de riesgo a nivel internacional. Para ello, es necesario proyectar los flujos de ingresos y gastos, incluido el servicio de la deuda pública, así como las variables macroeconómicas clave, como las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico y la tasa del tipo de cambio. En la medida en que las políticas del gobierno influyan en estas variables, las proyecciones tenderán a variar, teniendo un grado de incertidumbre significativo.
Impacto en la economía
Estamos ante una crisis sin precedentes a nivel mundial; a medida que los países han ido implementando las medidas para contener la pandemia, el mundo ha entrado en una gran parálisis de la actividad económica, cuya magnitud y rapidez ha sido algo que nunca se ha experimentado. Por ello, hay una considerable incertidumbre respecto del panorama económico que surgirá una vez salgamos de esta etapa.
Lo que está claro es que tendrá un impacto significativo, lo que representa un reto poder cuantificarlo. A nivel mundial, se sabe que la crisis del COVID-19 podría afectar a la economía de tres maneras principales: afectando directamente a la producción, creando trastornos en la cadena de suministro y en el mercado, y por su impacto financiero en las empresas y los mercados financieros.
El más reciente informe del Fondo Monetario Internacional -FMI-, señala que la pandemia afectará gravemente
la producción mundial y por ende el crecimiento económico en todas las regiones del mundo. El FMI proyecta
una reducción en el PIB real de todas las economías del mundo de un 3% para 2020, aunque con una rápida
recuperación de 5.8% para 2021. Las economías más avanzadas serán las que verán un mayor impacto,
especialmente los países de Europa, como Alemania, España, Francia e Italia con una reducción de 7.5% mientras que Estados Unidos verá una reducción del 6% en su crecimiento económico.
Los países de América Latina también tendrán un impacto significativo, al ver reducido su crecimiento económico en cerca de 5%, teniendo México una proyección de -6.6% para 2020. Sin embargo, también se prevé una pronta recuperación en el 2021, con un crecimiento de 3.4%.
Por su parte, el Banco de Guatemala, revisó su estimación de crecimiento económico para 2020 del país hacia la baja, al reducir la proyección de 3.5%, que era la original, a un rango de crecimiento entre 0.5% y 1.5%, es decir podríamos estar en el rango de las economías que el FMI estima como de bajo ingreso, dependiendo de como evoluciona la crisis en el segundo semestre del año.
A nivel microeconómico, seguramente la crisis impactará tanto en los niveles de inversión, ventas, empleo y
comercio. De acuerdo a un estudio reciente publicado por el BID1, como resultado de los esfuerzos de contención y el distanciamiento social, la actividad económica más afectada sería la de servicios, que incluye los sectores de comercio, turismo (hoteles y restaurantes) y transporte. Además, la menor demanda agregada tendrá efectos importantes sobre la actividad industrial, pues a nivel mundial las restricciones sanitarias ya han comenzado a interrumpir las cadenas de suministro globales.
Si bien, en Guatemala no pareciera que las cadenas de suministro estén siendo afectadas significativamente, las empresas sí reportan importantes mermas en sus niveles de ventas. Según un estudio reciente de CABI2 , la pérdida de facturación para las empresas durante el mes de marzo 2020 fue de un 20% y en abril de 40%, lo que significa una pérdida en ventas por Q12,800 millones en marzo y Q25,600 millones en abril, estimando una pérdida de facturación para todo el año 2020 de unos Q50,000 millones. Esto implica menos ingresos para las empresas, menos ingresos para las personas, menos ingresos para las tiendas de barrio y sobre todo una reducción importante en los ingresos del Estado.
De hecho, la Superintendencia de Administración tributaria ya reporta una reducción del 3.3% en la recaudación neta de ingresos tributarios durante el primer trimestre de este año comparada con el mismo periodo del año pasado. Asimismo, los datos de recaudación por actividad económica, muestran una reducción importante, principalmente en las actividades de Hoteles y Restaurantes con una reducción del 24.3%, Transporte y Comunicaciones (-14.7%), Empleados en relación de dependencia (11.7%), Suministro de Servicios Básicos como electricidad, gas y agua (-9.4%) y Servicios relacionados a actividades inmobiliarias y de alquiler (-8.4%).
Aunque muestran únicamente el primer trimestre del año, estos datos parecen confirmar lo que se mencionó al principio de esta sección, en cuanto a los sectores económicos que se verán más afectados en las actuales
circunstancias, pues las actividades de servicios, turismo, hoteles y transporte son las más afectadas, así como la actividad industrial. Si bien la construcción aún no muestra cifras negativas, un estudio elaborado por la
consultora Inmosight3, señala que para finales de año se espera una caída en ventas de vivienda de cerca de 55%.
En cuanto a la pérdida de empleos formales, los resultados del estudio realizado por el BID, indican que en
Guatemala se podría perder entre un 7.5% y un 13.5% del total, lo que significaría la pérdida de entre 97,500 y
177,000 empleos formales, dependiendo de si la crisis es una de corto plazo o se extiende a un mediano plazo.
El escenario de corto plazo supone una caída del PIB del doble a la observada en la crisis del 2009 y que la
recuperación económica comenzaría hacia finales de este año, mientras que el escenario de mediano plazo
supone que la crisis se extendería por tres trimestres consecutivos, lo que implicaría una tasa de crecimiento
negativa cercana al 10%.
Por otra parte, es importante mencionar que, para las empresas, cuando ocurre una crisis como la actual aun
cuando la prioridad sea el pago a sus colaboradores, la reacción inicial es buscar una reducción en sus gastos,
primero posponiendo pagos a proveedores y servicios, y luego probablemente, buscando una reducción en las
plazas de trabajo. Estos datos los confirman algunas encuestas realizadas entre finales de marzo y principios de abril, como la realizada por CACIF entre sus empresas agremiadas y la encuesta realizada por la consultora Región 7, a una muestra de 1,000 empresas, en su mayoría MIPYMES. Básicamente, estas confirman que, para la mayoría de empresas, especialmente MIPYMES, sus ingresos han disminuido sustancialmente y si no se producen cambios en las limitaciones para operar, estas están en riesgo de entrar a una crisis financiera en el corto plazo.
Sin embargo, existe un reto importante dados los altos niveles de informalidad en el país, pues en países como
Guatemala es más complicado hacer llegar la asistencia a las empresas más pequeñas y a las personas en la
informalidad. Esto puede causar un problema importante en cuanto a desempleo y mayor pobreza en el sector informal.