Con el cierre de estas 169 organizaciones no gubernamentales (ONG), suman cerca de 5.600 las organizaciones de este tipo disueltas.
Por EFE
El Gobierno que preside Daniel Ortega canceló este jueves la personería jurídica a Save the Children Canadá y a otras 168 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, aunque, a diferencia de otras ONG ilegalizadas, por esta vez no ordenó el traspaso de bienes al Estado, elevando a cerca de 5.600 las organizaciones de este tipo disueltas desde 2018.
El Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, explicó que cerró de forma unilateral Save the Children Canadá por no haber reportado sus estados financieros desde 2008 al 2023, y por tener su junta directiva vencida desde el 7 de septiembre de 2004.
A la Iglesia Morava de Nicaragua, otro de los organismos disueltos, se procedió por no haber reportado sus estados financieros entre 2018 y 2023 y por tener su junta directiva vencida desde el 30 de enero de 2019.
Con el cierre de estas 169 organizaciones no gubernamentales (ONG), suman cerca de 5.600 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018 en el país centroamericano.
Estas ONG fueron canceladas una semana después de que la Asamblea Nacional (Parlamento), a petición del Ejecutivo, reformara tres leyes que cambian el funcionamiento de las organizaciones sin fines de lucro, que tendrán ahora que formar «alianzas» con instituciones del Estado para ejecutar sus proyectos; 11 días después que ilegalizaran en un solo acto 1.500 ONG.
La disolución de estas 169 organizaciones fue aprobada por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según un acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
Gobierno no se pronunció esta vez sobre los bienes
En general, la cartera del Interior ilegalizó estas 169 ONG por incumplimientos a las leyes que las regulan, ya que no reportaron por periodos de entre dos hasta 30 años sus estados financieros conforme periodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones y sus juntas directivas, sostuvo.
En esta ocasión, el Ministerio del Interior no se pronunció sobre el patrimonio de los organismos. Anteriormente informaba que correspondía de oficio a la Procuraduría General de la República traspasar los bienes muebles o inmuebles de las ONG canceladas a nombre del Estado de Nicaragua.
Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han dicho que las ONG afectadas desde 2018 utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente, Daniel Ortega, en las manifestaciones de hace seis años.
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento debido a que no todas las 7.227 que estaban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y de «traición a la patria».