Entre septiembre y octubre de 2020 Costa Rica vivió un periodo de protestas con episodios violentos en el marco de una negociación de un acuerdo entre el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Por EFE
La Fiscalía General de Costa Rica informó este jueves que abrió una investigación sobre un presunto plan de golpe de Estado contra el presidente Carlos Alvarado durante las protestas de 2020, el cual fue revelado por el diputado Eduardo Cruickshank en un libro de su autoría.
La Fiscalía informó que el caso se tramita por el presunto delito de rebelión y que de momento no hay alguna persona individualizada como sospechosa.
«Las indagaciones se centrarán en establecer si los hechos constituyen o no delito, y de acreditarse, individualizar a la persona o personas responsables», explicó la Fiscalía a los medios.
El código penal de Costa Rica tipifica el delito de rebelión como «alzarse en armas para cambiar la Constitución, deponer algunos de los organismos del Estado o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales, o su formación o renovación en los términos y formas legales».
Este delito se castiga con una pena de cárcel de entre 2 y 10 años de prisión.
El miércoles, el diputado y candidato presidencial del evangélico Partido Restauración Nacional, Eduardo Cruicksank, reveló que en 2020, cuando ejercía la presidencial del Congreso, fue contactado por «manifestantes» que no identificó para que se preparara a asumir la presidencia del país.
«La consigna de un sector de los manifestantes era romper el orden constitucional y quitar al presidente Carlos Alvarado y, por completo, a su equipo de Gobierno para que la conducción del país recayera, de acuerdo con la Constitución Política, en el Presidente de la Asamblea Legislativa», relata Cruickshank en el libro de su autoría «Historia de una presidencia», que cuenta su experiencia como presidente del Legislativo entre 2020 y 2021.
Preguntado por los periodistas acerca de esta afirmación, Cruickshank dijo que los mensajes le llegaron de «manifestantes» que no puede identificar porque no los conoce y que no denunció la situación a la Fiscalía ya que no sabía qué nivel de seriedad tenía la propuesta.
Sin embargo, el diputado asegura en su libro que su respuesta a estas insinuaciones de golpe de Estado siempre fue «un rotundo no». «Nací, me eduqué y me formé en democracia y creo en la institucionalidad de este país”, agregó.
Al ser entonces presidente del Congreso, Cruickshank era el siguiente en la línea de sucesión en caso de una salida del cargo del mandatario y sus dos vicepresidentes.
Entre septiembre y octubre de 2020 Costa Rica vivió un periodo de protestas con episodios violentos en el marco de una negociación de un acuerdo entre el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un financiamiento por 1.750 millones de dólares que incluía un fuerte ajuste fiscal.
El grupo autodenominado Rescate Nacional, dirigido por los exdiputados Célimo Guido y José Miguel Corrales, era el que lideraba las protestas.
En medio de los enfrentamientos violentos, Corrales salió de Rescate Nacional al denunciar que el grupo había sido infiltrado por el narcotráfico.
En estas protestas resultaron heridos más de 120 policías y un número no cuantificado de manifestantes y hubo más de 100 detenidos.