La violencia criminal en Honduras deja un promedio diario de entre diez y quince personas muertas, según fuentes oficiales.
Por EFE
El Gobierno de Honduras extendió hasta el próximo 17 de noviembre el «estado de excepción parcial», en vigor desde diciembre de 2022, como medida para reducir los índices de violencia en al menos 158 de los 298 municipios del país, informó este viernes una fuente oficial.
El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Edgardo Barahona, dijo a periodistas que ya fue publicado en el diario oficial La Gaceta la extensión por 45 días más del estado de excepción parcial.
Agregó que las personas podrán circular normalmente, ya que el estado de excepción es una herramienta destinada a combatir la violencia y otros delitos, entre ellos la extorsión.
El estado de excepción, señaló Barahona, ha permitido la captura de «más de 5.000 personas de estructuras criminales vinculadas a maras y pandillas».
Honduras también ha registrado en 2023 una reducción en la tasa de homicidios, señaló el portavoz de la Secretaría de Seguridad.
Según cifras oficiales, la violencia deja este año 2.306 víctimas mortales, 455 menos que las 2.761 reportadas en el mismo período de 2022.
El decreto ejecutivo permite a la Policía Nacional y otros entes de seguridad realizar operaciones focalizadas en los municipios considerados más violentos del país.
En las últimas dos décadas, muchos micros, pequeños y medianos empresarios que se han negado a pagar el llamado «impuesto de guerra», extorsión de los pandilleros para permitir que los negocios funcionen, se han visto obligados a cerrar o desplazarse internamente en el país centroamericano.
Muchas de las víctimas mortales eran conductores del transporte urbano, interurbano y de taxis.
Grupos formados por jóvenes y adultos, conocidos como «maras», dominan algunos barrios de Honduras con un «modus operandi» basado en el asesinato y la extorsión, prácticas a las que se suman la amenaza y la persecución.