En las próximas elecciones, Ortega, quien se encuentra en el poder desde 2007, busca ser reelegido por cinco años más, junto con su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Por EFE
Líderes opositores exiliados en Costa Rica pidieron este jueves a la comunidad internacional desconocer los resultados de las elecciones del próximo 7 de noviembre en Nicaragua al considerar el proceso como una «farsa» orquestada por el Gobierno de Daniel Ortega para seguir en el poder.
A un mes de las elecciones, la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Frente Democrático Nicaragüense, la Iniciativa por el Cambio, el Movimiento Campesino, la Articulación de Movimientos Sociales y la Unión Democrática Renovadora, así como líderes en el exilio, firmaron una declaración en la que rechazan la «farsa electoral» que se desarrolla en un contexto de encarcelación de candidatos opositores.
En el documento, leído en una conferencia de prensa llevada a cabo en Costa Rica, los movimientos hacen un llamado a los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Unión Europea y en general a «todos los países democráticos del mundo», a que «declaren la ilegitimidad del proceso electoral y desconozcan los resultados de la farsa electoral montada por la dictadura».
En el documento se solicita aplicar a Nicaragua la Carta Democrática de la OEA y a la comunidad internacional incrementar las sanciones contra el Gobierno de Ortega y a condicionar la aprobación de recursos financieros al respeto a los derechos humanos.
«Declaramos nuestro unánime repudio y desconocimiento a la farsa electoral que culmina el 7 de noviembre. Es un proceso ilegítimo y nulo en el que se impide al pueblo elegir democráticamente a sus autoridades», manifestó la dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco, María Laura Alvarado.
En las próximas elecciones, Ortega, quien se encuentra en el poder desde 2007, busca ser reelegido por cinco años más, junto con su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
En la declaración conjunta, las organizaciones exigen la liberación de los presos políticos y que se garantice el retorno seguro de los exiliados.
Al menos 155 opositores, considerados por los organismos humanitarios como «presos políticos», guardan prisión en Nicaragua, incluidos 145 que fueron capturados a raíz del estallido social de abril de 2018, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, un observatorio cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la lista aparecen los 37 líderes opositores y profesionales independientes capturados en el contexto de las elecciones del 7 de noviembre próximo, entre los cuales hay siete aspirantes a candidatos a la Presidencia por la oposición, altos funcionarios de Gobiernos anteriores y exguerrilleros sandinistas.
COSTA RICA, HOGAR Y BASE PARA MILES DE EXILIADOS
Históricamente, Costa Rica ha sido el hogar para miles de nicaragüenses que han huido de su país en contextos de guerra, persecución política o en busca de mejores condiciones de vida. Según datos oficiales, en este país de 5,1 millones de habitantes viven unos 400.000 nicaragüenses, aunque organizaciones no gubernamentales calculan que la cifra real puede ser de hasta el doble.
Desde el estallido de la crisis sociopolítica de 2018, Costa Rica ha recibido más de 100.000 solicitudes de refugio de nicaragüenses, según las cifras de la Dirección de Migración, y no se tiene un número certero de la cantidad de gente que podría estar en condición irregular y que ingresa por los numerosos puntos ciegos de la extensa frontera entre ambos países
Entre los miles de exiliados en Costa Rica hay campesinos, dirigentes sociales, médicos, periodistas y figuras connotadas como el laureado escritor Sergio Ramírez.
En los meses recientes, Costa Rica ha sido escenario de marchas y protestas contra el Gobierno de Ortega por parte de los exiliados, que exigen el retorno a la democracia en su país y el fin de la represión contra los opositores.
Las protestas de 2018, calificadas por el Ejecutivo como un «intento de golpe de Estado», dejaron al menos 328 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.
En las últimas semanas se han conformado en Costa Rica coaliciones de organizaciones de exiliados, de defensa de los derechos humanos y de grupos sociales y políticos como la de este jueves.
Estos grupos han anunciado que seguirán exigiendo desde Costa Rica unas elecciones libres y democráticas y la salida del poder de Ortega.