Los ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador han demostrado su repudio constante a la corrupción.
Por Revista Summa
Estados Unidos ha asumido el compromiso de mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas en América Central, debido a que la seguridad y la prosperidad de EE.UU. depende también del éxito que consigan los socios regionales.
Las acciones que atentan contra el Estado de derecho y la democracia en Guatemala, Honduras y El Salvador, así como sus consecuencias para la vida de las personas en esos países, contribuyen a la inmigración irregular y desestabilizan a sociedades enteras.
Conforme se indicó en el reciente Decreto del Presidente de los Estados Unidos por el cual se Establece a la Lucha contra la Corrupción como un Interés Central para la Seguridad Nacional: “La corrupción corroe la confianza pública, afecta la gobernanza efectiva, distorsiona los mercados y el acceso equitativo a los servicios, menoscaba los esfuerzos de desarrollo, contribuye a la fragilidad nacional, el extremismo y la migración, y provee a los líderes autoritarios de un medio para debilitar a las democracias a nivel mundial. Cuando los líderes roban a los ciudadanos de sus naciones o los oligarcas avasallan el Estado de derecho, se retrasa el crecimiento económico, se profundizan las desigualdades y se desmorona la confianza en el gobierno”.
Los ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador han demostrado su repudio constante a la corrupción, han exigido rendición de cuentas a los gobiernos y actores privados de sus países y han actuado en defensa de las instituciones democráticas. Estados Unidos apoya a esos ciudadanos, organizaciones y servidores públicos que tienen el compromiso de promover el bien público y de generar esperanza y oportunidades para los pueblos de la región, incluso ante los retrocesos en materia de Estado de derecho y en los esfuerzos contra la impunidad.
En el contexto de este apoyo, el Gobierno de los Estados Unidos ha emitido una lista pública, en consonancia con el artículo 353 de la Ley de Mayor Involucramiento entre Estados Unidos y el Triángulo Norte , de personas que deliberadamente han realizado actos que socavan las instituciones o procesos democráticos, participado en actos significativos de corrupción u obstaculizado investigaciones sobre tales actos de corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador. El artículo 353 exige de manera general que las personas que se enumeran en este informe no sean elegibles para tener visas de Estados Unidos ni para el ingreso al país.
«Seguiremos colaborando con los funcionarios gubernamentales que demuestren estar decididos a combatir la corrupción y fortalecer la gobernabilidad democrática, incluso en el marco de una política general orientada a responder a las causas fundamentales de la migración irregular. A través de estas designaciones, nuestro objetivo es apoyar a los pueblos de Guatemala, Honduras y El Salvador en sus esfuerzos para conformar una región democrática, próspera y segura donde las personas puedan contribuir y beneficiarse del proceso democrático, tengan confianza en las instituciones públicas, enfrenten menos desigualdad y disfruten de oportunidades de forjar el futuro al cual aspiran para ellas y para sus familias», explica el Departamento de Estado de los Estados Unidos.