Este pronunciamiento viene después que la calificadora de riesgo FitchRatings estimara esta semana una contracción 17,7% en 2020.
Por EFE
Los empresarios de Panamá pidieron este domingo al Gobierno «políticas claras» para la recuperación economía del país y volvieron a criticar la estrategia del Ejecutivo contra la pandemia de la covid-19, que, según ellos, ha provocado una inédita crisis.
«Como Estado necesitamos de políticas económicas claras que permitan recuperar la senda de desarrollo del país. Necesitamos activar gradualmente los contratos suspendidos y generar nuevos empleos para garantizar el crecimiento nacional y el desarrollo humano», dijo la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) a través de un comunicado similar al anterior, en el que reprobaron las medidas del Gobierno para manejar la pandemia.
Este pronunciamiento viene después que la calificadora de riesgo FitchRatings estimara esta semana una contracción 17,7% en 2020, «de los peores desempeños en el mundo, tan sólo al lado de economías como la de Macao, Islas Maldivas y Líbano» y redujese la calificación de riesgo de BBB a BBB-, señaló la CCIAP.
Esa previsión es menos optimista que la esperada por el Gobierno, que sitúa entre -9 % y -14 % la caída del PIB.
«Otra lista de la cual no queremos formar parte», destacaron los empresarios.
A ello se une que la calificadora Moody’s también mantienen perspectivas negativas sobre Panamá.
«La revisión negativa de ambas evidencia el cuestionado manejo de la pandemia en materia económica y es fiel reflejo de los constantes y repetidos argumentos de este gremio empresarial en cuanto al porqué este país no puede resistir un cierre más de sus actividades productivas», explicaron.
Y esto se ve «reflejado en la pérdida de miles de empleos y empresas que ahora nos toca recuperar sin antes reiterar el apoyo que el Gobierno debe demostrarnos. Es momento de abrir la economía de manera sostenida».
Panamá, con algo más de 4 millones de habitantes, realiza un nuevo intento de apertura económica, todavía con medidas restrictivas como la cuarentena total los fines de semana así como el toque de queda a partir de las 9 de la noche en todo el país.
La CCIAP explicó que «todos están llamados a comprender el impacto que tiene la reducción de la calificación de riesgo y tomar las medidas para sacar adelante a Panamá», un país que en los últimos años, «al mantener el grado de inversión», se ha «gozado» de una «elevada inversión extranjera y un acceso sin precedentes a los mercados financieros».
Esto ha «permitido un crecimiento económico importante apalancado en obras de infraestructura, construcción comercial y residencial; así como, el desarrollo de nuestro hub de conectividad que impulso el turismo, creando miles de empleos».
Explicaron que cuando el aumento de la deuda no va acompañado de un incremento de la productividad para sostener su crecimiento, «inmediatamente desmejora la calificación de riesgo, se dificulta y encarece el acceso a crédito tanto al país, como a las empresas y ciudadanos».
Así, cuando los países «pierden su grado de inversión, eventualmente, pueden perder el acceso a crédito e inversión extranjera».
El Gobierno de Panamá intenta atraer inversión extranjera para reactivar la economía nacional, duramente golpeada por la pandemia, a través de una serie de beneficios fiscales aprobados el año pasado.
Los empresarios también rechazaron «cualquier contratación de deuda destinada a gastos de funcionamiento, sin que exista un plan de contención, austeridad y fiscalización de estos».
«La población exige transparencia en la obtención y la disposición de estos dineros, para los cuales, en todo caso, debe darse prioridad a inversiones con retornos certeros para el país», añadieron.
Explicaron que las autoridades panameñas «deben ejecutar ya un plan de inversiones transparente y claro con los recursos disponibles para crear empleos en el corto plazo y mantener abiertas las actividades económicas en respeto a la libre empresa, que es el inicio del modelo a seguir para reconstruir el país y permitir un desarrollo sostenible».
«Cada día cerrado aumenta el deterioro de la economía nacional y se disminuye la capacidad de salir adelante. Exigimos del Estado respeto a los derechos fundamentales para una convivencia en sociedad», concluyeron.