Documentos judiciales salieron a la luz como parte de las evidencias en una demanda liderada por el grupo de derechos civiles Democracy Forward.
Por EFE
El Gobierno de Estados Unidos acordรณ pagar US$4,76 millones a El Salvador a cambio de recibir a mรกs de 200 migrantes deportados, segรบn documentos judiciales, que detallan exigencias de que estos fondos no sean usados en asesorรญa legal a solicitantes de asilo a EE. UU., entre otras condiciones.
Los detalles del pacto eran desconocidos hasta ahora y salieron a la luz como parte de las evidencias en una demanda liderada por el grupo de derechos civiles Democracy Forward contra este acuerdo, firmado entre las administraciones de los presidentes de EE. UU., Donald Trump, y El Salvador, Nayib Bukele.
El documento es una carta oficial del Departamento de Estado estadounidense al Gobierno de El Salvador, fechada el 22 de marzo de 2025, en la que se formaliza la concesiรณn de US$4,76 millones destinados exclusivamente al apoyo penitenciario y logรญstico para la detenciรณn de estos migrantes, en su mayorรญa venezolanos, en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos.
La misiva tambiรฉn estipula la prohibiciรณn de estos fondos para uso en asesorรญa legal a migrantes que soliciten asilo o referirlos a abogados en EE.UU., ademรกs de restringir el apoyo a UNRWA, la agencia de la ONU que trabaja con los refugiados y refugiadas de Palestina, o actividades relacionadas con servicios de salud reproductiva.
Segรบn el texto de la carta, el acuerdo no crea obligaciones bajo derecho internacional, por lo que cualquier diferencia serรก resuelta solo mediante consultas diplomรกticas directas entre ambos gobiernos.
โLa correspondencia entre el Departamento de Estado de EE. UU. y El Salvador confirma lo que sospechรกbamos desde hace tiempo: la administraciรณn Trump-Vance no hizo nada para garantizar de forma significativa que las personas desaparecidas de EE.UU. a la infame prisiรณn salvadoreรฑa CECOT estuvieran protegidas de la tortura, el confinamiento indefinido u otros abusos”, dijo la presidenta de Democracy Forward, Skye Perryman.
En un comunicado, Perryman insistiรณ en que “no obstante, el acuerdo sรญ se esforzรณ por garantizar que los fondos que EE. UU. proporcionรณ a El Salvador no se utilizaran para brindar atenciรณn de salud reproductiva ni para ayudar a los solicitantes de asilo a acceder a recursos y asesoramiento”.
El pasado marzo, el Gobierno de Trump enviรณ a mรกs de 200 venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, a pesar de una orden judicial que se lo prohibรญa y los trasladaron a la megacรกrcel de mรกxima seguridad, acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.
En este grupo se incluyรณ el salvadoreรฑo Kilmar รbrego Garcรญa, errรณneamente deportado desde EE.UU. y convertido en sรญmbolo de la lucha contra las duras polรญticas antiinmigratorias del mandatario republicano.
Un tribunal federal de apelaciones dictaminรณ este 3 de septiembre que Trump, no puede usar esta legislaciรณn para acelerar las deportaciones de migrantes, lo que encamina la disputa hacia un posible fallo de la Corte Suprema.