Empresarios y trabajadores de comercios son víctimas directas de la violencia social, lo que obliga a las empresas a reforzar significativamente sus niveles de seguridad.
Por Revista Summa
Durante los primeros días de agosto de 2025, se ha constatado un preocupante incremento en los niveles de inseguridad y violencia que afectan tanto a las vías públicas como a los establecimientos comerciales del país. Este panorama incluye asaltos perpetrados con arma blanca y de fuego, robos en instalaciones de servicio público y sustracción de bienes en viviendas y locales comerciales; a eso se le suma las recientes internacionales, en donde clasifica a San José, como parte de un listado de ciudades inseguras.
Datos del OIJ han relevado en varias ocasiones que los comercios más golpeados por robos y asaltos incluyen desde instituciones públicas no financieras hasta restaurantes, oficinas, minisúper, talleres, bares y tiendas. A esto se suma un dato especialmente alarmante: entre 2020 y 2024 se reporta el homicidio de 29 empresarios o comerciantes, reflejo del nivel de exposición que enfrenta el sector productivo, a esta situación se suman los frecuentes enfrentamientos entre oficiales de seguridad y la delincuencia durante la atención de incidentes, en los cuales muchos de estos profesionales resultan heridos o son víctimas directas de actos violentos. La violencia callejera, los hurtos y la criminalidad en aumento son señales claras de que se enfrenta una crisis de seguridad con efectos directos en la economía, la inversión y la calidad de vida.
Grupo EULEN Costa Rica hace un llamado urgente a todos los sectores para actuar coordinadamente y enfrentar juntos la inseguridad, ante la falta de soluciones concretas que restituyan la confianza ciudadana a mediano plazo. Surgen entonces interrogantes necesarias: ¿cómo estamos reaccionando como sociedad? ¿Qué responsabilidad asumen los sectores organizados, como el Estado, los gobiernos locales, el comercio, los parques industriales y los desarrollos residenciales?
“Si bien la meta central de toda política pública debería ser la garantía de entornos seguros, hoy este objetivo parece cada vez más distante y, lo más preocupante, sin una solución viable en el corto plazo. Ante este panorama, instamos a establecer mecanismos de cooperación intersectorial que permitan implementar estrategias efectivas de prevención y respuesta, combinando tecnología, capacitación y coordinación con las autoridades para enfrentar con determinación la amenaza que representa la criminalidad”, explicó Mario Vargas, Gerente General, Grupo EULEN Costa Rica.
Frente a este vacío, proliferan soluciones informales, de baja calidad y escasa profesionalización. Con tal de ahorrar a corto plazo, muchas personas, empresas e instituciones optan por servicios de seguridad privada inadecuados, sin verificar credenciales, capacidades tecnológicas o experiencia operativa. Es una práctica riesgosa, que además de ser ineficiente, puede tener consecuencias legales si la empresa no está debidamente registrada ante el Ministerio de Seguridad Pública.
Errores de seguridad que pueden ser costosos
Uno de los errores más comunes en este proceso es priorizar el precio por encima de la calidad. Se toma la decisión únicamente con base en cotizaciones, sin evaluar si el proveedor ofrece protocolos claros, equipos modernos o personal capacitado. También se omite, con frecuencia, la etapa más crítica del proceso: el diagnóstico profesional de amenazas y vulnerabilidades del entorno. La seguridad moderna requiere la integración de sistemas de videovigilancia, sensores, control de accesos y monitoreo remoto. Además, ignorar la trayectoria del proveedor o su historial operativo solo debilita aún más la protección contratada.
De hecho, el sector privado ya ha empezado a reaccionar: el 64,5% de las empresas afectadas ha reportado aumentos en sus gastos en seguridad física, y un 61,3% ha incrementado sus inversiones en ciberseguridad, según datos de la CICR.
Para Vargas, aún es necesario tomar más acciones preventivas y correctivas. “Basta con recorrer hoteles, incluso de alta gama, para notar que sus sistemas de videovigilancia o su seguridad perimetral no cumplen con estándares básicos. La consecuencia es clara: riesgo real y latente para huéspedes, empleados y activos.”
Es urgente que el sector privado entienda que la seguridad no es un lujo ni una obligación ajena. Las consecuencias de no proteger adecuadamente sus operaciones pueden ser catastróficas. Y más grave aún: muchas veces se gasta más en soluciones deficientes que en invertir en un esquema robusto y efectivo.
Grupo EULEN, empresa con más de 26 años de operar en Costa Rica, también hace un llamado a revisar con urgencia sus procesos de contratación. En la mayoría de las licitaciones, el criterio con mayor peso para adjudicar servicios de seguridad sigue siendo el precio. Bajo el argumento de la eficiencia, se premia la oferta más barata, sin ponderar adecuadamente factores técnicos o de calidad. Esta práctica ha demostrado ser ineficiente y peligrosa. Las administraciones públicas deben replantear estos esquemas si realmente aspiran a contratar servicios que garanticen seguridad efectiva y confiable.
Ante un entorno delictivo cada vez más complejo, las empresas no deben escatimar esfuerzos para proteger a su personal, instalaciones y activos. Invertir en vigilancia perimetral 24/7, sistemas de detección temprana, custodia segura de valores y capacitación especializada no es un gasto, sino una estrategia clave para garantizar control, disuasión y respuesta rápida ante amenazas.