Expertos prevén que es necesario priorizar la atención de infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y de los puestos fronterizos terrestres.
Por Revista Summa
Cerrar la brecha entre los perfiles laborales más demandados por el sector productivo y las capacidades de formación existentes para generar empleos de calidad; llevar a Costa Rica hacia una matriz energética renovable con tarifas competitivas para la producción; y atender los rezagos en infraestructura son los tres grandes desafíos que prioriza la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).
Empleo: empresas, estudiantes, trabajadores e instituciones académicas deben trabajar juntos para crear fuentes de empleo de calidad
Con más de 220.000 personas desempleadas, de las cuales 22.866 cuentan con un título universitario, para la CICR el desempleo sigue siendo un flagelo en el país. Además, entre agosto y octubre de 2023, un total de 16.428 personas se han retirado de la búsqueda de trabajo. El común denominador de ambas situaciones es que los perfiles no coinciden con las necesidades actuales de las empresas.
“Un gran reto que tenemos es agilizar los procesos de aprendizaje para insertar a los nuevos estudiantes al mercado laboral, así como actualizar la formación de los trabajadores, mediante el aprendizaje dinámico de nuevas competencias y habilidades. Las mayores necesidades se visualizan en las carreras STEM, tanto en el campo profesional como en áreas técnicas. Las instituciones como las universidades públicas, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), los colegios técnicos del Ministerio de Educación Pública (MEP) y el sector privado deben aunar esfuerzos para el logro de este objetivo”, dijo Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).
Según el segundo estudio de Necesidades de Capacitación de la CICR, dada a conocer a inicios de este año, solo en los sectores de la Agroindustria, Dispositivos médicos y TICs, hay un gran faltante de técnicos en las áreas de electricidad, electrónica, electromecánica, mecánica de precisión, entre otros. En la parte profesional, las ingenierías se siguen posicionando como las más necesarias y no cubiertas: industrial, de software, y de soporte.
Frente a esta realidad, la Cámara de Industrias de Costa Rica ha implementado el sistema de Ventanilla Única con el INA, mediante el cual se logran detectar las necesidades de capacitación de las empresas, el sector privado participa en la elaboración de los programas formativos con la coordinación del INA para que esté último los implemente.
“Consideramos que este es el camino correcto, en el que cada parte, empresa, estudiante, trabajador e institución académica logran articular las habilidades y conocimientos necesarios en programas de formación que contribuyen con la inserción laboral de las personas”, dijo Sergio Capón.
Lamentablemente, la anulación por parte de la Sala IV del Régimen Autónomo de Empleo del INA agrega un ingrediente al reto que se tiene en el campo de la formación técnica para la empleabilidad. La CICR considera que, a partir de lo expresado en el fallo de la Sala se deben tomar acciones efectivas que permitan enfrentar este reto, ya sea a nivel Legislativo o del Ejecutivo, para que el presupuesto con el que cuenta el INA, y que en su mayoría corresponde a un aporte del sector privado, pueda utilizase para lograr procesos ágiles de contratación, con instructores y capacitadores que permitan salir adelante del faltante de técnicos que hoy en día sufren nuestras empresas.
Energía: el reto de la transición hacia una matriz energética renovable con tarifas competitivas
“Con un consumo energético del cual el 67,9% del total proviene de combustibles derivados del petróleo, principalmente consumidos en el transporte y la industria, la necesidad de replantear nuestra matriz energética para migrarla a una basada en energías renovables es un reto impostergable que tenemos como país”, afirmó Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).
Para la CICR, el Proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional es una excelente oportunidad para avanzar en la descarbonización de la economía, ya que permitiría el aumento de la oferta de generación de electricidad renovable requerida para la electrificación del transporte y los procesos industriales, claro está, con tarifas competitivas resultado de un esquema de competencia en los nuevos proyectos que se sumen al sistema eléctrico nacional.
Una muestra de la necesidad de una mayor oferta de electricidad renovable se presenta ante el fenómeno del niño, que ha disminuido este año la cantidad de lluvias, y por lo tanto los caudales hidráulicos de los que depende el 68% de la capacidad instalada para la generación de electricidad, lo que representa un reto adicional dado que provocará un aumento en las tarifas para el año 2024.
A pesar de que, durante el último trimestre del 2023, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) suspendió la aplicación del Costo Variable de Generación (CVG), que trimestralmente afecta a las tarifas de electricidad mediante el reconocimiento del gasto incurrido por la generación de electricidad con fuentes térmicas (combustión) y las importaciones netas de energía, este monto o buena parte de él será incorporado en las tarifas del 2024 (43 mil millones de colones).
Adicionalmente, las proyecciones realizadas por el mismo ICE en gastos de combustibles para la operación del sistema en el año próximo (95 mil millones de colones), junto con el alquiler de plantas térmicas de emergencia para garantizar la continuidad del sistema sin racionamientos (48 mil millones de colones), se convierte en una fuerte amenaza al costo de producción, pues acumula un golpe cercano al 40% del costo de la generación en años recientes, en los que casi no se usó combustible fósil para generar electricidad. Tal incremento en el costo de generación usualmente se traslada a la tarifa del consumidor final -aproximadamente en un 24% de aumento-, lo que sin duda afectará los costos para las industrias, el sector productivo en general y la capacidad de consumo de las familias costarricenses; el aumento definitivo en tarifas para el 2024 deberá ser resuelto por ARESEP antes de que finalice el año.
Infraestructura: Puerto Caldera como prioridad
Puerto Caldera tiene un rol estratégico y vital para la producción nacional. El 80% de sus operaciones son importaciones y existen muchos sectores de la economía nacional que dependen del suministro constante de insumos, bienes intermedios y materia prima que entran por este puerto, sin que existan alternativas de otros puntos de ingreso al país u opciones para sustituir dichos insumos en el mercado local. Entre los principales productos importados destacan por su orden el maíz, los productos de hierro y acero, la soya, el trigo, productos laminados de los demás aceros aleados, el arroz con cáscara y abonos.
Por Puerto Caldera también se exportan productos de suma importancia dentro de la oferta exportable del país, entre estos, piña, productos laminados de hierro o acero, azúcar, preparaciones y conservas de pescado, así como desechos de aluminio y cobre.
Ante un colapso del Puerto, Costa Rica experimentaría un serio problema de desabastecimiento de insumos, lo que traería consigo un aumento de costos que afectaría el nivel de precios de los productos de consumo general, impactando a la población nacional.
Entre enero y abril del 2022, Puerto Caldera estaba en un 108% de saturación. En junio, se implementó el sistema de pre-stacking para evitar el inminente colapso del Puerto. Este sistema ha implicado tiempo adicional en las operaciones de comercio y costos adicionales de entre 200 y 500 dólares por contenedor desde entonces. Durante el 2023, el Puerto ha llegado a picos de 140% y hasta casi 200%, en la CICR ven con preocupación que recientemente varias embarcaciones han seguido camino sin atracar o sin terminar operaciones en Costa Rica. Adicionalmente, la carga general debe esperar periodos hasta de un mes para contar con ventana de atraque, agregando sumas exorbitantes en los costos diarios por embarcación.
“Desde la CICR seguiremos insistiendo en la importancia de avanzar con la implementación de las inversiones mínimas que requiere el Puerto para dar respuesta a las necesidades actuales. Cabe mencionar que, aun cuando el nuevo contrato de concesión se formalice a tiempo para agosto de 2026, para contar con una primera fase del proyecto construida deberán pasar alrededor de cinco años, de manera que, en el mejor escenario, el Puerto se mantendría con las condiciones actuales hasta el año 2031, lo cual tendría un gravísimo impacto para la competitividad de las empresas que operan en el país y en muchos productos de consumo diario de las familias”, sostuvo Sergio Capón.
Por su parte, el entramado vial requiere de una urgente intervención con un enfoque de planificación estratégica a largo plazo. Intervenir con los arreglos pendientes y además planificar actividades a mediano y largo plazo, como la ampliación de las vías utilizadas para el transporte de carga y la reparación de puentes, como el caso del Puente Las Iguanas sobre el Río San Rafael, que permitiría facilitar la movilización de carga entre el Puesto Fronterizo Las Tablillas y los puertos del Atlántico, por citar solo un ejemplo.
“Es necesario priorizar la atención de nuestra infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y de los puestos fronterizos terrestres, de acuerdo con el potencial de crecimiento y desarrollo del país, tanto dentro como fuera de GAM”, concluyó Capón.