Sus gastos por estilo de vida, propiedades y vehículos son insumos para la construcción de su perfil como contribuyente.
Por Revista Summa
Los vehículos o viviendas de lujo, propiedades o altos gastos educativos, determinadas tarjetas de crédito y cuotas de préstamos pueden ser el disparador para una revisión por las autoridades de impuestos. Se trata de signos externos de riqueza o de ostentación de bienestar, ya sea a título personal o a nombre de una sociedad.
Sus gastos o movimientos financieros reflejan un estilo de vida y una existencia de ingresos que deberían ser coherentes con lo que como contribuyente, usted o su empresa, declaran a la Administración Tributaria.
Por medio de la fiscalización y cruces de bases de datos o información se refuerza la vigilancia para garantizar que los individuos y entidades con altos niveles de ingresos y activos contribuyan de manera equitativa al sistema tributario del país.
“La identificación de signos externos de riqueza, tales como el tipo y ubicación de propiedades, gastos en educación y patrones de consumo, es fundamental para asegurar que las declaraciones de impuestos reflejen con precisión la capacidad económica real de los contribuyentes, explicó Carlos Camacho, socio de Grupo Camacho Internacional.
El Ministerio de Hacienda está intensificando su enfoque en el análisis de información proveniente de diversos terceros, incluyendo municipalidades y reportes de entidades financieras, para corroborar los datos señalados en las declaraciones de impuestos”.
En los procesos de fiscalización, mediante el cruce de información con terceros, la Administración Tributaria analiza desde diferentes ópticas los ingresos y gastos de los contribuyentes. Alguna de esta información puede ser:
- Revisión de información municipal y financiera: Se realiza un seguimiento exhaustivo de la clasificación de viviendas, financiamientos y solicitudes de préstamos para verificar la congruencia con los ingresos reportados.
- Monitoreo de gastos educativos: Se vigilan los gastos escolares, colegiales y universitarios para evaluar la correspondencia con las declaraciones fiscales.
- Análisis de transacciones financieras: Se evalúa la actividad en tarjetas de crédito y débito, tanto a nivel nacional como internacional, para detectar posibles discrepancias.
- Cumplimiento con la Reforma Fiscal y la Renta Mundial: A partir de la Reforma Fiscal de octubre de 2023, sus ahorros, inversiones y operaciones en el exterior también podrían estar sujetas a impuesto sobre la renta. Costa Rica intercambia información fiscal con 199 países, lo que facilita la detección de incumplimientos.
- Fiscalización de Sociedades Inactivas: Su patrimonio (propiedades, terrenos, inversiones y otros) en sociedades inactivas también es visible para la Administración Tributaria, gracias a la identificación del beneficiario final con el registro de accionistas y a las declaraciones informativa de sociedades inactivas, en la que se debe incluir el detalle del patrimonio con que cuenta la entidad.
“Hay un esfuerzo continuo para reformar el sistema tributario de Costa Rica y reducir las brechas en la recaudación de impuestos con la implementación de tecnología, de ahí proyectos como Tributación Digital.
Lo importante es que entendamos que la Administración Tributaria ya tiene la información con la que pueden analizarle. Se trata de medidas que implementadas efectivamente aseguran un sistema fiscal más justo y eficiente” aseguró Camacho.
Es crucial que cada agente económico, junto con su asesor tributario, compile una lista detallada de todos los bienes materiales, tanto muebles como inmuebles, que posee, utiliza o disfruta. También deben considerar los gastos asociados a su “estándar de vida”, como los costos relacionados con pasatiempos y actividades recreativas, incluyendo arte, cultura y deportes para así validar la coherencia entre sus ingresos reportados y sus signos de riqueza.
Esta información es esencial para evaluar el riesgo de una posible fiscalización y asegurar que las declaraciones fiscales reflejen con precisión la capacidad económica real del contribuyente.