La norma contempla prácticas de exclusión o restricción al ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres.
Por EFE
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, sancionó este martes una ley que permite prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política.
Las autoridades explicaron que la normativa busca erradicar aquellas conductas discriminatorias que causen daño a las mujeres que ocupen cargos de elección popular, participen en las estructuras de los partidos políticos o se encuentren en el ejercicio de la función pública.
«Observamos cómo las mujeres se ven expuestas a una serie de prácticas y manifestaciones de descalificación, discriminación y anulación que se constituyen en obstáculos muy fuertes para participar como candidatas y ejercer los puestos de toma de decisión. Con la firma de esta ley se pondrá freno a ese tipo de prácticas machistas que afectan la participación de las mujeres», dijo la ministra de la Condición de la Mujer, Marcela Guerrero.
La ley contempla que la discrepancia de criterios y opiniones, el debate y la discusión democrática, así como el disenso a las propuestas planteadas por una mujer, están protegidos por los principios de libertad de expresión y de autodeterminación.
La norma contempla prácticas de exclusión o restricción al ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, acciones como el impedimento para ejercer las funciones propias de su cargo, restringir su reincorporación tras una licencia de embarazo y lactancia, menoscabar su imagen pública, divulgar información privada o la obstaculización del ejercicio del cargo.
Además, considera discriminatorias las acciones que afecten el derecho a la vida, la integridad personal y los derechos patrimoniales para impedir el libre ejercicio de los derechos políticos, así como el hostigamiento, la violencia física, psicológica o sexual.
«La aprobación de esta ley es un paso fundamental que vine a tipificar y sancionar el acoso y la violencia política contra las mujeres, además reconoce la violencia contra las mujeres por razones de género y cómo esto afecta el ejercicio de los derechos de las mujeres», afirmó la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte.
En el caso de las sanciones, la ley establece que para las diputaciones será una amonestación ética, mientras que para las municipalidades y personas electas popularmente, las sanciones van desde una amonestación escrita hasta el retiro de credenciales. La impugnación deberá realizarse en el Tribunal Supremo de Elecciones.