Una normativa equilibrada debe reconocer casos de dolo o culpa grave, para proteger a todos los usuarios del sistema financiero sin incentivar a los criminales.
Por Revista Summa
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) reafirma la importancia de actualizar la legislación nacional para enfrentar el crecimiento de las estafas financieras. Estos delitos son perpetrados por estructuras de crimen organizado que operan con métodos de engaño cada vez más sofisticados, dejando a una diversidad de víctimas sin sus ahorros.
En ese sentido, la ABC hace un llamado a la prudencia y a la lógica jurídica para que cualquier cambio que se introduzca al proyecto de Ley 23.908, que actualmente se tramita en la Comisión Plena Tercera de la Asamblea Legislativa, establezca responsabilidades equilibradas para todas las partes. El Sistema bancario está a favor de que esta iniciativa pueda enriquecerse con mejoras que sean equilibradas para todas las partes.
Cualquier marco normativo que se genere con el fin de enfrentar las estafas bancarias debe mantener un equilibrio entre los deberes y derechos de todas las partes involucradas. Un elemento clave para ese balance, es la inclusión de causales de exención de responsabilidad, particularmente cuando existe dolo —es decir, un fraude simulado por parte del propio usuario— o culpa grave, que corresponde a un descuido en el deber de resguardar claves y accesos a sistemas de bancas en línea. La ausencia de estas excepciones genera incentivos para el auto fraude y termina elevando los costos de todo el sistema financiero.
“Las estafas bancarias son un fenómeno del crimen organizado que requiere un frente común. Los responsables son los criminales, no los bancos ni mucho menos las víctimas. Por eso es fundamental avanzar en un marco legal que equilibre derechos y deberes de todos los actores, para que se ataque la causa del problema y no se limite el acceso a los servicios financieros”, señala Rodrigo Cubero, asesor económico de la ABC.
Las formas de operar de los delincuentes evolucionan constantemente, por lo que una legislación rígida y desequilibrada se queda rezagada frente a los métodos delictivos. Los grupos criminales incorporan nuevas tecnologías, se valen de la ingeniería social y adaptan sus estrategias. En consecuencia, las normas deben actualizarse para dar respuestas eficaces y evitar que los delincuentes se aprovechen de vacíos legales.
Las formas de operar de los delincuentes evolucionan de manera constante, por lo que una legislación rígida y desequilibrada corre el riesgo de quedar rezagada frente a sus métodos. Los grupos criminales incorporan nuevas tecnologías, se apoyan en la ingeniería social —técnicas de manipulación psicológica que buscan convencer a las personas para que entreguen voluntariamente información confidencial— y adaptan sus estrategias con rapidez. En consecuencia, las normas deben actualizarse de forma oportuna para ofrecer respuestas eficaces y evitar que los delincuentes se aprovechen de vacíos legales
Por su parte, Mario Gómez, asesor jurídico de la ABC, indica que “lamentablemente, la mayoría de los casos de estafas no se producen porque se vulneren los sistemas de seguridad de los bancos, sino porque las personas usuarias son engañadas por delincuentes. Esto evidencia la importancia de reforzar la educación financiera y digital, y de contar con una normativa equilibrada que distribuya de forma justa la responsabilidad, sin revictimizar a quienes han perdido sus ahorros”.
La ABC considera indispensable que la normativa también establezca procedimientos claros y plazos definidos para la investigación de los hechos en un tiempo responsable con la necesidad de las víctimas. Esto permite que los bancos determinen con rapidez si existe responsabilidad del cliente o no, y que las personas afectadas reciban una respuesta en tiempos razonables, tal y como ocurre en países como España y el Reino Unido.
Imponer una responsabilidad automática a las entidades financieras y hacerlas pagar en todos los casos de estafa tendría consecuencias económicas y sociales dañinas para el sistema bancario. Esta medida podría incentivar esquemas fraudulentos en los que personas simulen ser víctimas para obtener beneficios indebidos, además de generar un aumento de los costos de operación que se trasladarían a los clientes bancarios en menores rendimientos para los ahorrantes y mayores tasas de interés para quienes tienen préstamos.
Las entidades financieras invierten de manera permanente en fortalecer la seguridad digital, en monitorear transacciones sospechosas y en promover campañas de concientización para alertar sobre las modalidades de fraude. No obstante, insiste en que estos esfuerzos deben actualizarse constantemente y estar acompañados de un marco legal que reconozca las responsabilidades compartidas y prevenga incentivos negativos para el sistema.
“Lo responsable es reforzar la ciberseguridad, continuar con la educación financiera y garantizar un marco legal equilibrado. Si se obliga a los bancos a asumir automáticamente todas las pérdidas, se incentiva al crimen organizado y se termina perjudicando al consumidor financiero que nada tuvo que ver con los delitos”, agrega Cubero.
La ABC reafirma su compromiso de seguir trabajando en programas de educación y concientización para las personas usuarias, en fortalecer los estándares de seguridad digital y en promover un marco normativo que reconozca la corresponsabilidad frente al crimen organizado, con el objetivo de reducir de manera real y sostenible el impacto de las estafas financieras en el país.