Una normativa equilibrada debe reconocer casos de dolo o culpa grave, para proteger a todos los usuarios del sistema financiero sin incentivar a los criminales.
Por Revista Summa
La Asociaciรณn Bancaria Costarricense (ABC) reafirma la importancia de actualizar la legislaciรณn nacional para enfrentar el crecimiento de las estafas financieras. Estos delitos son perpetrados por estructuras de crimen organizado que operan con mรฉtodos de engaรฑo cada vez mรกs sofisticados, dejando a una diversidad de vรญctimas sin sus ahorros.
En ese sentido, la ABC hace un llamado a la prudencia y a la lรณgica jurรญdica para que cualquier cambio que se introduzca al proyecto de Ley 23.908, que actualmente se tramita en la Comisiรณn Plena Tercera de la Asamblea Legislativa, establezca responsabilidades equilibradas para todas las partes. El Sistema bancario estรก a favor de que esta iniciativa pueda enriquecerse con mejoras que sean equilibradas para todas las partes.
Cualquier marco normativo que se genere con el fin de enfrentar las estafas bancarias debe mantener un equilibrio entre los deberes y derechos de todas las partes involucradas. Un elemento clave para ese balance, es la inclusiรณn de causales de exenciรณn de responsabilidad, particularmente cuando existe dolo โes decir, un fraude simulado por parte del propio usuarioโ o culpa grave, que corresponde a un descuido en el deber de resguardar claves y accesos a sistemas de bancas en lรญnea. La ausencia de estas excepciones genera incentivos para el auto fraude y termina elevando los costos de todo el sistema financiero.
โLas estafas bancarias son un fenรณmeno del crimen organizado que requiere un frente comรบn. Los responsables son los criminales, no los bancos ni mucho menos las vรญctimas. Por eso es fundamental avanzar en un marco legal que equilibre derechos y deberes de todos los actores, para que se ataque la causa del problema y no se limite el acceso a los servicios financierosโ, seรฑala Rodrigo Cubero, asesor econรณmico de la ABC.
Las formas de operar de los delincuentes evolucionan constantemente, por lo que una legislaciรณn rรญgida y desequilibrada se queda rezagada frente a los mรฉtodos delictivos. Los grupos criminales incorporan nuevas tecnologรญas, se valen de la ingenierรญa social y adaptan sus estrategias. En consecuencia, las normas deben actualizarse para dar respuestas eficaces y evitar que los delincuentes se aprovechen de vacรญos legales.
Las formas de operar de los delincuentes evolucionan de manera constante, por lo que una legislaciรณn rรญgida y desequilibrada corre el riesgo de quedar rezagada frente a sus mรฉtodos. Los grupos criminales incorporan nuevas tecnologรญas, se apoyan en la ingenierรญa social โtรฉcnicas de manipulaciรณn psicolรณgica que buscan convencer a las personas para que entreguen voluntariamente informaciรณn confidencialโ y adaptan sus estrategias con rapidez. En consecuencia, las normas deben actualizarse de forma oportuna para ofrecer respuestas eficaces y evitar que los delincuentes se aprovechen de vacรญos legales
Por su parte, Mario Gรณmez, asesor jurรญdico de la ABC, indica que โlamentablemente, la mayorรญa de los casos de estafas no se producen porque se vulneren los sistemas de seguridad de los bancos, sino porque las personas usuarias son engaรฑadas por delincuentes. Esto evidencia la importancia de reforzar la educaciรณn financiera y digital, y de contar con una normativa equilibrada que distribuya de forma justa la responsabilidad, sin revictimizar a quienes han perdido sus ahorrosโ.
La ABC considera indispensable que la normativa tambiรฉn establezca procedimientos claros y plazos definidos para la investigaciรณn de los hechos en un tiempo responsable con la necesidad de las vรญctimas. Esto permite que los bancos determinen con rapidez si existe responsabilidad del cliente o no, y que las personas afectadas reciban una respuesta en tiempos razonables, tal y como ocurre en paรญses como Espaรฑa y el Reino Unido.
Imponer una responsabilidad automรกtica a las entidades financieras y hacerlas pagar en todos los casos de estafa tendrรญa consecuencias econรณmicas y sociales daรฑinas para el sistema bancario. Esta medida podrรญa incentivar esquemas fraudulentos en los que personas simulen ser vรญctimas para obtener beneficios indebidos, ademรกs de generar un aumento de los costos de operaciรณn que se trasladarรญan a los clientes bancarios en menores rendimientos para los ahorrantes y mayores tasas de interรฉs para quienes tienen prรฉstamos.
Las entidades financieras invierten de manera permanente en fortalecer la seguridad digital, en monitorear transacciones sospechosas y en promover campaรฑas de concientizaciรณn para alertar sobre las modalidades de fraude. No obstante, insiste en que estos esfuerzos deben actualizarse constantemente y estar acompaรฑados de un marco legal que reconozca las responsabilidades compartidas y prevenga incentivos negativos para el sistema.
โLo responsable es reforzar la ciberseguridad, continuar con la educaciรณn financiera y garantizar un marco legal equilibrado. Si se obliga a los bancos a asumir automรกticamente todas las pรฉrdidas, se incentiva al crimen organizado y se termina perjudicando al consumidor financiero que nada tuvo que ver con los delitosโ, agrega Cubero.
La ABC reafirma su compromiso de seguir trabajando en programas de educaciรณn y concientizaciรณn para las personas usuarias, en fortalecer los estรกndares de seguridad digital y en promover un marco normativo que reconozca la corresponsabilidad frente al crimen organizado, con el objetivo de reducir de manera real y sostenible el impacto de las estafas financieras en el paรญs.