Las detenciones de opositores se dieron a falta de cinco meses para las elecciones generales de Nicaragua, que se celebrarán el próximo 7 de noviembre.
Por EFE
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó este lunes el «grave escalamiento» de la represión en Nicaragua registrado en las últimas fechas y urgió a su Gobierno a cesar la opresión y liberar a diferentes precandidatos presidenciales que han sido encarcelados.
«La CIDH urge al Estado de Nicaragua a cesar la represión y, en particular, a liberar a todas las personas privadas de la libertad arbitrariamente», dijo la organización, con sede en Washington, en un comunicado.
El organismo de derechos humanos pidió la liberación de los aspirantes presidenciales de la oposición Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, a quienes los acusa de «traición a la patria» y les ha allanado sus domicilios.
Además, a dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un exdirigente empresarial, un banquero, cuatro activistas y dos excolaboradores de una ONG que han sido detenidos en las últimas dos semanas bajo la acusación de diversos delitos.
Las detenciones de opositores se dieron a falta de cinco meses para las elecciones generales de Nicaragua, que se celebrarán el próximo 7 de noviembre, en las que el presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007, busca una nueva reelección.
La comisión también manifestó su preocupación por las recientes detenciones de otros líderes políticos y defensores de derechos humanos, ocurridas entre el 8 y 14 de junio, como la activista Violeta Granera, los dirigentes opositores José Adán Aguerri y Jose Bernard Pallais Arana y la historiadora Dora M. Téllez.
La CIDH también protestó por los arrestos de otras personas del movimiento social nicaragüense: Ana Vijil, Suyen Barahone, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco y Tamara Dávila.
Según información pública del Estado de Nicaragua, estos casos, salvo el de Cristiana Chamorro, a quien se le imputan delitos de presunto lavado de activos, se investigan bajo la «Ley No.1055 de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz».
En las elecciones convocadas para el 7 de noviembre, Ortega, de 75 años, quien retornó al poder en 2007 y gobierna desde 2017 junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, aspira por octava vez a la Presidencia.
La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) cuyo mandato es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región.