El tema de la lucha contra la corrupción se abrió paso en las protestas.
Por EFE
Panamá vive unas protestas populares descritas como las mayores en décadas, para exigir al Gobierno una rebaja del costo de la vida y una lucha frontal contra la corrupción, considerada la madre de todos los males de este país de 4,2 millones de habitantes y uno de los más desiguales del mundo.
En medio del desabastecimiento de alimentos y combustible por los bloqueos a carreteras, los gremios y sindicatos en lucha lograron finalmente el martes unificar una agenda de peticiones que está encabezada por una rebaja real de la gasolina, la comida, las medicinas y la luz, el aumento del presupuesto educativo y el combate a la corrupción.
«Nuestro país arrastra una situación que empeoró con la pandemia. Es una olla en ebullición que ha estado calentando y ya pitó», dijo a Efe la presidenta de la organización civil Ciencia en Panamá, la doctora Ivonne Torres.
Las protestas, que arreciaron a partir del 7 de julio pasado, se han mantenido tras intentos fallidos por sofocarlas del Ejecutivo de Laurentino Cortizo, que aprobó subsidios temporales al combustible y algunos alimentos y una reducción del gasto del 10 %, medidas consideradas «insuficientes» por los gremios y sindicatos.
Las partes se preparan para iniciar negociaciones en una mesa mediada por la Iglesia católica.
EL ALZA DEL COSTO DE LA VIDA
La disparada de la gasolina y la comida, atribuida por el Gobierno a las crisis por la pandemia global y la guerra en Ucrania, detonaron una huelga docente que arrastró a sectores sociales, indígenas y del poderoso sindicato de la construcción Suntracs.
El líder del Suntracs y ex candidato presidencial izquierdista, Saúl Méndez, dijo a Efe que si bien factores externos han exacerbado los precios últimamente, el costo de la vida en Panamá tiene años subiendo producto del modelo económico, que maximiza la ganancia empresarial en detrimento de una población cada vez más empobrecida.
Panamá registró en junio pasado una inflación del 5,2 % interanual, un salto de precios atípico en este país dolarizado, con una economía dependiente de los servicios, y con «salarios que no reflejan ni la productividad ni la dignidad de los trabajadores», como dijo Ciencia en Panamá en un comunicado.
LA CORRUPCIÓN
El tema de la lucha contra la corrupción se abrió paso en las protestas. Los manifestantes han gritado consignas contra el «robo» del dinero público por parte de todos los poderes de un Estado «que ha institucionalizado a la corrupción», como expresó en un escrito el aclamado cantautor panameño y activista Rubén Blades.
«Que se cancelen los abultados contratos de la planilla» del Parlamento, donde aparecen con salarios exorbitantes familias enteras de diputados, es una de las tantas medidas que exige la sociedad pero que el Gobierno «se resiste a anunciar», aseguró a Efe José Eugenio Stoute, miembro de la organización Poder Ciudadano.
Cinco gremios empresariales exigieron a las autoridades «una hoja de ruta para la implementación de planes de austeridad que demuestren voluntad de cambio» y el «mejor manejo posible» de los recursos públicos.
«Resulta urgente que tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial ataquen sin miramientos todo acto de corrupción, acaben con los privilegios y la falta de transparencia», agregaron los gremios en una declaración pública.
El Gobierno de Cortizo asegura que lucha contra la corrupción, y responde a los constantes reclamos por el impactante crecimiento de la deuda – más de 16.500 millones de dólares en solo tres años – diciendo que destina ingentes recursos a la asistencia social.
EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA CRISIS
La agroindustria ha dicho que las pérdidas durante esta crisis rondan los 500 millones de dólares solo en ese sector. Hay que sumar el impacto en los comercios, donde no están llegando los productos.
Las protestas estallaron cuando Panamá comenzaba a recuperarse de la debacle de la pandemia: tras un derrumbe del 17,9 % en 2020, la economía se recuperó un 15,3 % en 2021 y un 13,6 % en el primer trimestre de este 2022.
Moody’s dijo que si bien «el Gobierno se ha propuesto una política de austeridad, subsidiar las gasolinas y la ampliación temporal de ciertos programas sociales tendrán un impacto fiscal en Panamá» que puede hacer que incumpla la meta anual de reducción del déficit.
Los subsidios «son necesarios siempre que sean focalizados y se revise su eficacia», afirmó a Efe el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rubén Castillo.
«No podemos tener una economía sostenible aumentando los subsidios, si no aumentando la productividad y generando la obsesión de producir empleo, atraer capitales. Si no tenemos una empresa privada vigorosa no va a haber recuperación económica adecuada», agregó.