Contadores Públicos refuerzan controles para prevenir legitimación de capitales en Costa Rica

No cumplir con estas obligaciones expone al profesional a sanciones que van desde un proceso de fiscalización hasta suspensión del ejercicio profesional y, pueden existir posibles consecuencias penales.

Por Revista Summa

En los primeros ocho meses del presente año, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), recibió 542 reportes de operaciones sospechosas a través de la plataforma Registro y Reporte de Sujetos Obligados (UIF), relacionada con actividades riesgosas en materia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas.

Por lo cual el Colegio se encuentra en un proceso de fortalecimiento de los controles y acciones que, como Contadores Públicos, busca evitar que estas actividades se realicen en el país, generando capacitaciones que permitan a sus Colegiados, el debido cumplimiento de la Ley 7786, según corresponda, impulsando un plan que promueve cinco lineamientos clave:

1. Promover la inscripción obligatoria del colegiado ante el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
2. Transmitir las buenas prácticas que como profesionales podemos ejecutar, cuando realizamos actividades asociadas a clientes que se encuentran sujetos a regulación, conforme al artículo 15 y 15 bis de la Ley 7786.
3. Establecer programas de capacitación presencial y virtual en dicho campo para lograr que sus agremiados se actualicen en materia de Normativa bajo esta Ley 7786.
4. Efectuar una campaña que permita la divulgación y publicación de documentos tales como: las Guías de Identificación de Riesgos en Profesionales Contadores, la Guía Técnica para la Identificación y Mitigación de Riesgos en Transferencias y Operaciones de Compra, la Guía Técnica de Gestión de Riesgos de LC/FT/FP para Sujetos Obligados, la Guía para la Identificación y Evaluación de Riesgos en Actividades Transaccionales para Sujetos Obligados, ejecutando charlas en redes sociales tales como el programa Huella CPA, cápsulas informativas y cursos presenciales mediante módulos específicos dentro de los Programas Profesionales de capacitación en Auditoría Externa para Entidades Reguladas del Sector Financiero, Asegurador y Pensiones y el Programa Especializado Oficial de Cumplimiento; con ellos se logra concientizar a los agremiados de la importancia de inscribirse y cumplir con los lineamientos de la Ley 7786 en sus artículos 15 y 15 bis.
5. Mantener comunicación permanente con la UIF (Unidad de Información Financiera) y el ICD (Instituto Costarricense contra las Drogas).

La presidenta del Colegio, Licda. Dunia Zamora, afirma que la capacitación y las acciones de prevención son claves para que el gremio continúe aportando de manera efectiva a la lucha contra los delitos financieros, en defensa del país.

De acuerdo con los datos del ICD sobre Inteligencia Financiera, de enero a agosto de este año, la provincia de San José concentra la mayor cantidad de alertas (341), seguida de Alajuela (94), Heredia (65), Cartago (50), Puntarenas (40), Limón (31) y Guanacaste (20)[1].

Las llamadas operaciones sospechosas corresponden a transacciones o actividades económicas que carecen de una justificación evidente, no se ajustan al perfil financiero habitual del cliente o resultan inusuales. Según la normativa vigente, este tipo de movimientos debe ser reportado a las autoridades financieras para su análisis.

El Colegio destaca que la normativa vigente busca prevenir que personas involucradas en actividades ilícitas, como legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo o proliferación de armas, utilicen los servicios de contadores para justificar movimientos económicos sin fundamento. Reitera la importancia de que los Contadores Públicos Autorizados (CPA) y los despachos contables cumplan rigurosamente con la Ley 7786, que establece normas de prevención contra el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas, especialmente en las actividades relacionadas con:

• Cambio de dinero y transferencias (digitales o en efectivo)
• Administración de recursos por fideicomisos. 
• Remesas de dinero a otro país. 
• Emisión y operación de tarjetas de crédito. 
• Transferencias de cheques de viajero y giros postales. 
• Operaciones de compra y venta de bienes inmuebles de forma habitual. 
• Casinos. 
• Comercio con metales y piedras preciosas. 
• Organizaciones sin fines de lucro que reciben o envían dinero desde o hacia jurisdicciones de riesgo. 
• Contadores, cuando realizan transacciones para sus clientes. 
• Casas de empeño. 

Según la Ley 7786 y el Reglamento SUGEF 11-18, las personas físicas o jurídicas que realicen actividades consideradas de riesgo en materia de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o proliferación de armas, deben inscribirse ante la SUGEF y en la plataforma UIF Reportes del Instituto Costarricense sobre Drogas. El objetivo es que los Contadores Públicos Autorizados, tanto independientes como despachos, fortalezcan sus procedimientos y herramientas para verificar antecedentes de sus clientes e identificar señales de alerta que puedan implicar actividades riesgosas que deban ser reportadas para investigación.

“Este no es un tema opcional. La Ley establece obligaciones precisas y su incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas, civiles e incluso penales, de acuerdo con el artículo 69 de la Ley 7786. Por ello, el Colegio pide actuar con responsabilidad y vigilantes para proteger el sistema financiero y la economía del país”, destaca Zamora.

Cada profesional es responsable de verificar si tiene la obligación de inscribirse o actualizar su registro en la SUGEF. También es relevante considerar que:

• Se debe implementar un programa de cumplimiento diligente en su Sistema de Gestión de Calidad.
• Efectuar procedimientos para identificar beneficiarios finales.
• Hacer un monitoreo sobre las operaciones sospechosas a reportar, en caso que aplique.
• Documentar toda la información relevante del cliente, en su proceso de aceptación y continuidad.
• Evaluar los riesgos en su matriz antes de aceptar los servicios.
• Participar en capacitaciones sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que se brinden.
• Incluir cláusulas contractuales para asegurar el cumplimiento, que permitan salvaguardas ante estos casos.
• Mantener controles de calidad en actividades reguladas e implementarlos adecuadamente según sus clientes.

En un contexto de riesgos crecientes de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, el papel de los Contadores Públicos Autorizados es clave para mantener la integridad del sistema financiero. La normativa vigente, como la Ley 7786 y la SUGEF 11-18, refuerza no solo las obligaciones formales, sino también la responsabilidad ética del gremio. El llamado del Colegio es promover una cultura de cumplimiento para evitar que los servicios sean usados para actividades ilícitas, destacando que la prevención es una tarea colectiva vital para garantizar la transparencia y la confianza en las instituciones.