Segรบn el informe, el 97 % de los entrevistados por los equipos humanitarios son de nacionalidad venezolana, y entre ellos se identifican perfiles de especial riesgo como familias numerosas.
Por EFE
Las Defensorรญas del Pueblo de Costa Rica, Panamรก y Colombia alertaron este viernes de una crisis humanitaria creciente en la regiรณn por el aumento de la migraciรณn inversa, con mรกs de 14.000 personas retornadas desde Mรฉxico y Estados Unidos en lo que va de 2025, frente a una caรญda del 97 % en el trรกnsito hacia el norte por la selva del Dariรฉn.
Segรบn un informe conjunto elaborado con apoyo de la ONU y presentado en Bogotรก, los retornos forzados obedecen principalmente a cambios en la polรญtica migratoria de Estados Unidos (46 %), la imposibilidad de ingresar al paรญs (49 %), la falta de recursos para continuar el viaje (34 %) y la violencia sufrida en trรกnsito (27 %).
La misiรณn documentรณ graves violaciones de derechos humanos, incluidos secuestros, extorsiones y violencia sexual, especialmente contra mujeres y niรฑas, ademรกs del control de la ruta por redes de trรกfico de personas que cobran hasta 280 dรณlares por traslados marรญtimos inseguros.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Scott Campbell, advirtiรณ que los retornos estรกn marcados por “una situaciรณn de extrema vulnerabilidad”.
El funcionario denunciรณ que la mayorรญa de las personas que han regresado en 2025 “ya han sido vรญctimas de violaciones de derechos humanos y enfrentan riesgos de violencia sexual, reclutamiento de niรฑos y niรฑas, trรกfico y trata de personas”.
El 97 % son venezolanos
Segรบn el informe, el 97 % de los entrevistados por los equipos humanitarios son de nacionalidad venezolana, y entre ellos se identifican perfiles de especial riesgo como familias numerosas, mujeres gestantes, personas con discapacidad y niรฑos no acompaรฑados.
Los defensores alertaron que la poblaciรณn venezolana sufriรณ un trato diferente al resto de migrantes, pues enfrentan “desplazamientos internos, trรกmites adicionales y demoras prolongadas en la respuesta a sus solicitudes”
Ademรกs, se constatรณ la presencia de redes de trรกfico ilรญcito de personas que cobran entre 230 y 280 dรณlares por trasladar migrantes hacia Panamรก y Colombia, lo que obliga a quienes no cuentan con recursos a permanecer varados mientras logran reunir el dinero para continuar su trayecto.
En Costa Rica, donde el 17 % de migrantes solicita asilo, el centro de atenciรณn en Paso Canoas estรก “subutilizado” pese a haber atendido 1.480 personas, mientras que en Panamรก comunidades como Palenque y Miramar concentran familias varadas sin alimentos ni agua potable.
Sin “derechos” ni “justicia”
Andrรฉs Sรกnchez Thorin, representante regional de ONU Derechos Humanos para Amรฉrica Central, seรฑalรณ en un comunicado que este flujo de retorno ocurre “en un contexto de desafรญos significativos para el goce efectivo de sus derechos”, que van desde la protecciรณn internacional hasta el acceso a la justicia.
Thorin resaltรณ el papel de las instituciones nacionales de derechos humanos para visibilizar la crisis y pidiรณ reforzar la cooperaciรณn regional y el apoyo internacional, “pues sรณlo desde una acciรณn conjunta es posible prevenir abusos y atender con dignidad a las personas migrantes y refugiadas”.
En Colombia, los puertos intermedios de trรกnsito de Necoclรญ y Capurganรก estรกn desbordados y en el Pacรญfico el trรกnsito de migrantes se cruza con la presencia de grupos armados, lo que aumenta los riesgos de reclutamiento y explotaciรณn.
Las Defensorรญas pidieron a los tres gobiernos crear un plan de acciรณn trinacional que garantice atenciรณn humanitaria bรกsica, acceso a refugio, albergues y servicios de salud, asรญ como mantener vigentes los Permisos por Protecciรณn Temporal (PPT) para venezolanos en Colombia.