Para los países en desarrollo «es mucho más difícil avanzar en la protección y salvaguarda» del medio ambiente.
Por EFE
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) celebró este viernes una sesión sobre el impacto del cambio climático en las sociedades, en la que América Latina volvió a denunciar la «responsabilidad» del mundo desarrollado frente a ese fenómeno.
La audiencia, realizada en Brasilia, es parte del proceso abierto a instancias de Colombia y Chile, que han solicitado a la corte una «opinión consultiva» sobre la responsabilidad de los Estados en las violaciones de los derechos humanos derivadas del cambio climático.
En la sesión, que dio continuidad a un debate iniciado en abril pasado en Barbados, intervinieron delegaciones de Brasil, Costa Rica, Honduras y Paraguay, así como representantes de autoridades locales de Argentina y Uruguay y organismos judiciales, académicos y de derechos humanos.
La delegación brasileña la encabezó el excanciller y actual embajador extraordinario para el Cambio Climático, Luiz Alberto Figueiredo, quien subrayó que América Latina, una de las regiones más desiguales del mundo, es también una de las más vulnerables al cambio climático.
Figueiredo sostuvo que, por tratarse de un fenómeno global, se debe contemplar la «responsabilidad compartida», pero diferenciar la que cabe a los países más ricos, como se hizo en el Acuerdo de París o el Protocolo de Kioto.
Según el diplomático, «la ambición» de los países más pobres en la mitigación del fenómeno se vincula «a los medios de financiación internacional» establecidos en esos acuerdos, «incumplidos» hasta ahora por el mundo desarrollado, que es «el que más ha contribuido históricamente» con el calentamiento global.
«Esa responsabilidad histórica se arrastra desde el Siglo XVIII, cuando comenzó la Revolución Industrial», puntualizó Figueiredo.
Esa afirmación fue respaldada por el embajador de Costa Rica en Brasil, Norman Lizano, quien citó el Acuerdo de París y sostuvo que «tan importante» como lo que dice del texto es «su implementación», que aún «no se cumple de forma cabal», sobre todo en lo relativo a la ayuda financiera a los países más pobres.
Centroamérica, castigada desde hace décadas
La secretaria de Estado para los Derechos Humanos de Honduras, Angélica Álvarez, subrayó que para los países en desarrollo «es mucho más difícil avanzar en la protección y salvaguarda» del medio ambiente con «sus economías asfixiadas» y sin apoyo internacional.
La delegada hondureña afirmó que Centroamérica siente el cambio climático desde hace décadas, cuando «todavía no se hablaba tanto del tema», y citó el desastre causado en 1998 por el huracán Mitch como «un ejemplo claro y documentado».
Los temporales dejaron en la región unos 15.000 muertos (casi la mitad en Honduras), cerca de 8.000 desaparecidos y dos millones de desplazados.
Según Álvarez, desde entonces la situación se ha agravado, al punto de que Honduras pierde 136 metros cuadrados de tierra por año debido a la erosión generada por el crecimiento de los mares, que es factor de constantes «desplazamientos de comunidades».
Álvarez, así como la delegación brasileña, subrayó que la corte interamericana debe reforzar además la protección de los activistas medioambientales, frente a los «precedentes lamentables» que existen en toda América Latina, que ejemplificó en el caso de Berta Cáceres, líder indígena hondureña asesinada en 2016.
El paraguayo Sergio Benítez, de la Unidad de Derechos Humanos de la cancillería, dijo que su país, pese a ser responsable «por menos del 0,1 % de las emisiones globales», siente los efectos en forma de incendios o sequías, que resienten el derecho «al agua, la vivienda y la propia vida».
Las audiencias continuarán la semana próxima, cuando la CorteIDH se trasladará a Manaos, en el corazón de la Amazonía brasileña, para escuchar testimonios de la sociedad civil y miembros de comunidades indígenas, que el tribunal considera entre los más golpeados por el cambio climático, pese su «ancestral» defensa del medioambiente.