El contrato ley debe ser ratificado por el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, cuyo Gobierno negoció durante más de un año con la empresa Minera Panamá.
Por EFE
El Parlamento de Panamá aprobó este viernes el contrato ley entre el Estado y una subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals para la explotación de la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica, en medio de protestas de sectores ambientalistas, civiles y sindicales que rechazan la actividad minera y cuestionan la legalidad del acuerdo.
La unicameral Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de 71 escaños, la mayoría oficialista, aprobó en tercer y último debate este criticado contrato ley con 44 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones durante una atípica sesión parlamentaria ya que los diputados no suelen reunirse los viernes.
«Esta es una bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD)», en el poder, «que pidió la devolución del Canal del Canal, y ahora es una bancada del PRD la que está vendiendo la nación panameña», dijo la diputada de este partido, Zulay Rodríguez, durante su discurso previo a la votación.
El legislador independiente Juan Diego Vázques, una de las voces más críticas del pacto minero, señaló que «este contrato no es conveniente (para el país) por cómo se dio, ni cómo se enmarcó el debate».
El contrato ley debe ser ratificado por el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, cuyo Gobierno negoció durante más de un año con la empresa Minera Panamá, subsidiaria FQM, este nuevo contrato ley, que sustituye al que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) panameña en 2017, después de una acción de inconstitucionalidad presentada en 2009 por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).
El Gobierno de Cortizo alega que el nuevo contrato ley, establece un ingreso mínimo anual de 375 millones de dólares al fisco, 10 veces más que el anterior, el pago de impuestos antes exentos, y amplios poderes de supervisión estatal a la operación de la mina, que exporta cobra desde 2019 principalmente al mercado asiático.
La discusión del contrato minero regresó esta semana al Parlamento después de que el Ejecutivo hiciera algunos cambios sugeridos por los diputados, que han sido tachados como «maquillaje» por los ambientalistas y los sindicatos, que denuncian que el documento adolece de los mismos vicios por los que fue declarado inconstitucional el anterior.
Entre los cambios aplicados al contrato ley está la eliminación de «las cláusulas de expropiación» de tierras y la condición que «permitía a Minera Panamá solicitar restricciones al espacio aéreo» a la vez que se incluyó un apartado que «reafirma que nada en el Contrato restringe ni limita la soberanía de Panamá sobre su territorio».
También se suprimió la disposición que contemplaba que el Estado otorgaría una concesión de exploración de oro, plata y molibdeno.
Algunos sectores de la Ciudad de Panamá y sus alrededores amanecieron este viernes con cierres de vías por parte de los sindicatos en rechazo a ese polémico contrato minero, lo que generó grandes atascos.
Se espera que a lo largo del día haya más protestas frente a la sede Parlamentaria, epicentro de las manifestaciones antimineras, compuestas por jóvenes y ambientalistas principalmente, que esta semana han ido aumentado su intensidad y han culminado con heridos en enfrentamientos con la Policía.