La Fiscalía y el presidente Giammattei han advertido que accionarán penalmente contra quienes encabezan los bloqueos y sus supuestos financistas.
Por EFE
Guatemala se encuentra a tres meses exactos de la investidura de Bernardo Arévalo de León como nuevo presidente y la crisis en el país no decrece, después de 13 días de manifestaciones interrumpidas para exigir la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (Fiscalía) Consuelo Porras.
El 14 de enero próximo, Arévalo de León debe asumir el poder para el periodo 2024-2028 pero distintos sectores temen que la Fiscalía continúe con los intentos por revertir los resultados de las elecciones de junio y agosto.
Durante los últimos 13 días Guatemala se ha paralizado con bloqueos de más de 100 puntos carreteros, como medida de presión para exigir la renuncia de la cúpula de la Fiscalía.
La presión ciudadana logró que los líderes indígenas que han encabezado las manifestaciones se reunieran con el presidente, Alejandro Giammattei, quien aseguró que no puede solicitar la renuncia de Porras.
Diversos expertos y organizaciones civiles han advertido que la Fiscalía continuará con sus intentos por empañar los resultados electorales con una polémica investigación que ha incluído el secuestro de las boletas con los votos emitidos por la ciudadanía.
La semana pasada las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aseguraron que analizan ampliar el proceso electoral hasta el 14 de enero, aunque originalmente termina el 31 de octubre.
La razón de ampliar este plazo sería para evitar que la Fiscalía pueda buscar procesar a las autoridades electas antes de que tomen posesión de sus cargos.
Este sábado, las autoridades de los 48 cantones de Totonicapán (Oeste) aseguraron que continuarán con las protestas ante la falta de consensos para encontrar soluciones.
Durante los últimos 13 días, Guatemala ha estado paralizada, sin embargo este sábado la cantidad de bloqueos disminuyó a 40 puntos tomados en todo el territorio.
La tensión en el país ha aumentado debido a que sectores económicos han exigido que los pasos carreteros sean liberados por la fuerza pública, sin embargo los intentos han sido frustrados por la ciudadanía en resistencia.
La Fiscalía y el presidente Giammattei han advertido que accionarán penalmente contra quienes encabezan los bloqueos y sus supuestos financistas.
Los organizadores de los bloqueos se han desmarcado del presidente electo Arévalo de León, y aseguran que sus medidas de presión son “en defensa de la voluntad popular expresada en las urnas”.
Desde el 14 de julio pasado, la Fiscalía intervino el proceso electoral, después de que Arévalo de León del Movimiento Semilla logró avanzar al balotaje de forma sorpresiva, dejando fuera a la mayoría de candidatos tradicionales.
La comunidad internacional, incluida la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de Estados Unidos, han condenado el actuar de Porras y los fiscales que han llevado adelante el intento por desconocer los resultados electorales y han advertido con posibles sanciones.
En medio de este panorama, Arévalo de León se convertirá en el primer presidente no relacionado directamente con el sector tradicional y de derecha de Guatemala en los últimos 10 años.