Las operaciones en Cobre Panamá «continúan con normalidad, sin interrupción de la producción hasta el momento».
Por EFE
El Gobierno de Panamá aseguró este jueves que existe una «brecha importante» para firmar un nuevo contrato de concesión para la gran mina de cobre que explota Minera Panamá S.A. (MPSA), filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM).
«Todavía existe una brecha importante entre el Gobierno y Minera Panamá sobre algunos términos tanto económicos como legales que deben ser reflejados en ese contrato», dijo durante una reunión con corresponsales extranjeros el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro.
Las partes comenzaron a negociar el nuevo contrato en septiembre de 2021, y en enero de 2022 anunciaron un acuerdo, que sin embargo no ha llegado a materializarse con una firma.
El acuerdo anunciado hace un año incluía elevar de 2 % a entre 12 % y 16 % las regalías, garantizar un aporte anual mínimo al Estado de 375 millones de dólares, «10 veces más» de lo que ha aportado la empresa anteriormente, y el pago de impuestos hasta ahora exentos.
Alfaro aseguró que la minera «lamentablemente» sigue presentando «propuestas al Gobierno que no cumplen con ciertos aspectos financieros básicos que habían sido acordados» en enero de 2022, «y también que garanticen el marco legal un trato justo y equitativo para el pueblo panameño».
Aclaró que el Gobierno no está aceptando «nuevas propuestas» de la empresa minera «que tengan impacto en lo previamente acordado, negociado y aceptado», sino que esta «asegurando que lo negociado quede en el contrato».
La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional en 2017 la ley de 1997 que avaló la concesión para la explotación de la mina Cobre Panamá, la más grande a cielo abierto de Centroamérica, con una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares y 5.279 trabajadores.
¿EN QUÉ NO ESTÁN DE ACUERDO?
El ministro mencionó que en el asunto de «la terminación del contrato, la resolución administrativa» hay una «diferencia importante» con la minera.
También la hay en «lo que se denomina incumplimiento sustancial», es decir, «cuándo se considera que la empresa ha incurrido en un incumplimiento sustancial» pues el Gobierno pide que la definición «debe ser similar a otros contratos de concesión y a lo que dice la norma internacional».
Un tercer punto álgido corresponde a la parte económica, ya que el Gobierno «de forma responsable» brinda «todas las protecciones necesarias, acordadas, discutidas y negociadas en la mesa, en caso de que el precio de cobre baje (…) o de que la empresa no pueda cumplir» con un determinado volumen de tonelaje anual por causa de fuerza mayor.
GOBIERNO MANTIENE POSICIÓN SOBRE CESE DE OPERACIONES
Alfaro sostuvo sigue vigente la orden del cese de operaciones dictaminada el 15 de diciembre pasado por el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo.
«Nosotros evidentemente vamos a cumplir con esa orden en caso de que la empresa no firme un contrato que permita regularizar sus operaciones dado que en estos momentos no tiene un contrato vigente», agregó.
El martes pasado el director ejecutivo de First Quantum, Tristan Pascall, dijo que la aplicación de un plan para el cese de operaciones comerciales «sería un paso drástico e innecesario, especialmente dados los esfuerzos de ambas partes».
Pascall anunció que la empresa apelaría la orden de cese de operaciones comerciales, lo que ocurrió formalmente el pasado martes, publicó este jueves el diario local La Prensa citando fuentes de la minera.
Las operaciones en Cobre Panamá «continúan con normalidad, sin interrupción de la producción hasta el momento», agregó el martes en una declaración pública FQM, que también ha anunciado dos arbitrajes internacionales contra el Estado panameño.