La evidencia digital no estaba regulada y le era difícil al juzgador definir de qué se trataba.
Por EFE
El Congreso de El Salvador, de mayoría oficialista, aprobó este martes una polémica reforma al Código Procesal Penal (CPP) para, entre otras cosas, crear la figura del «agente encubierto digital», lo que el gremio periodístico señala de legalizar el espionaje.
La reforma, promovida por legisladores del partido oficialista Nuevas Ideas (NI), fue aprobado con 63 votos a favor y 17 en contra.
La reforma da pie a la incorporación de «evidencia digital» en los procesos penales y le da valor probatorio al cumplir los requisitos de la «cadena de custodia» aplicados a los otros tipos de pruebas.
También autoriza la realización de «operaciones encubiertas digitales que resulten necesarias», sin señalar si esto implica o no la intervención de las comunicaciones mediante plataformas digitales.
Indica que este tipo de operaciones se podrán realizar únicamente con autorización de la Fiscalía General de la República (FGR).
El diputado oficialista Walter Coto señaló durante la sesión de la Asamblea Legislativa que «se están utilizando las redes sociales con el objetivo de cometer hechos delictivos» y «las nuevas tecnologías van innovando día a día, por eso nuestra legislación también debe modernizarse».
«La evidencia digital no estaba regulada y le era difícil al juzgador definir de qué se trataba», añadió.
Por su parte, el parlamentario Johnny Wright Sol, del partido opositor Nuestro Tiempo (NT), advirtió que esta reforma «es la vía para legalizar el espionaje por medios digitales a críticos del gobierno, a periodistas».
El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Castro Fagoaga, indicó el lunes que lo que les preocupa «es el abuso y las arbitrariedades» que la Fiscalía y Policía «puedan hacer con estas investigaciones».
«Es importante que tengan esas herramientas, pero la evidencia de cómo se han comportado estas instituciones en el pasado hacen desconfiar plenamente de ellas», indicó en una conferencia de prensa.
Manifestó que la autorización de estas investigaciones encubiertas tiene «varios problemas», como la falta de «filtros necesarios».
«De alguna forma, lo que se está legalizando es el espionaje», apuntó Castro y recordó los casos de periodistas y activistas de derechos humanos supuestamente espiados mediante el programa informático Pegasus.
Amnistía Internacional indicó a mediados de enero que verificó el «uso del programa Pegasus para vigilancia de periodistas» y activistas de derechos humanos en El Salvador.