La ARESEP no ha dictado el acto final y definitivo para la aprobación de esos cambios metodológicos en beneficio de la población.
Por Revista Summa
Desde el 19 de mayo pasado, la Defensoría de los Habitantes presentó ante el Tribunal Administrativo y Civil de Hacienda un Amparo de Legalidad contra la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP); a efectos de que se dicte el acto final y definitivo del procedimiento realizado en el expediente IRM-008-2020 en el cual se tramita la nueva “propuesta de metodología tarifaria ordinaria y extraordinaria para fijar el precio de los combustibles derivados de los hidrocarburos en planteles de distribución y al consumidor final”.
Con la metodología presentada en esa oportunidad por la ARESEP se proponía modificar el modelo tarifario para fijar el precio interno de los combustibles, con los datos de costo real o precios efectivos de factura de importación, en lugar de los precios internacionales de referencia como se realiza con la metodología actualmente vigente.
Según manifestó la ARESEP, con los cambios propuestos se busca que los precios internos de los combustibles cumplieran con el principio de servicio al costo de la Ley N° 7593, se simplificara para la población la fórmula de cálculo con una mayor transparencia, claridad y facilidad de aplicación y, se redujeran las fluctuaciones mensuales del precio interno que hoy, obedecen principalmente, a variaciones de los precios de referencia y no a cambios en los precios reales de importación.
Además, se indicó que el cambio metodológico podría redundar en una baja en los precios internos en relación con los obtenidos con la metodología vigente, debido a que los precios de factura suelen ser menores a los precios de referencia
que utiliza la fórmula actual, producto de las negociaciones que realiza RECOPE amparada en el poder monopólico de compra que ostenta, al ser un comprador mayorista que adquiere los combustibles para la industria y transporte de todo un país.
Como parte del proceso para aprobar los cambios propuestos, el 23 de noviembre de 2020 la ARESEP realizó la audiencia pública de ley, cita en que la Defensoría presentó su coadyuvancia para que se procediera a la aprobación en el mes siguiente de la nueva metodología tarifaria.
Sin embargo, más de un año después de celebrada la audiencia pública, la ARESEP no ha dictado el acto final y definitivo para la aprobación de esos cambios metodológicos en beneficio de la población; situación que llevó a la Defensoría a presentar ante el Tribunal Administrativo y Civil de Hacienda un Amparo de Legalidad contra esa Autoridad Reguladora, el cual, siete meses después, no ha sido resuelto por el Tribunal, hecho que, unido a las omisión de la ARESEP, constituye un quebranto a los derechos e intereses de las personas habitantes del país.