Giammattei ordenó el domingo el estado de sitio en El Estor por los enfrentamientos registrados en el viernes y sábado entre los que se oponen a la mina y las fuerzas de seguridad.
Por EFE
Un grupo de unas 200 autoridades indígenas guatemaltecas exigieron este lunes el cese del estado de sitio impuesto por el Gobierno de Guatemala en un municipio del noreste del país, además del cierre de las minas de níquel y el fin a la represión desatada contra la población civil en resistencia.
Los líderes de diversas comunidades indígenas del país centroamericano marcharon en el centro de la Ciudad de Guatemala e hicieron ver su rechazo a la protección del Estado a los proyectos mineros y extractivistas en detrimento de los pueblos originarios y sus ambientes.
La marcha se detuvo frente a las dependencias estatales del Palacio Nacional de la Cultura (despacho de Gobierno), el Ministerio Público (MP, Fiscalía) y el Palacio Legislativo.
Los líderes indígenas y entidades ancestrales guatemaltecos subrayaron que el Ministerio de Energía y Minas del Gobierno guatemalteco «ha iniciado un proceso de consulta totalmente viciado» respecto a la operación de la mina Fénix, ubicada en el municipio de El Estor, en el departamento de Izabal, 300 kilómetros al noreste de la capital del país.
La mina, propiedad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la firma suiza y rusa Solway Investment Group, ha generado oposición en las últimas semanas por parte de comunidades indígenas q’eqchi» locales, que se oponen a su funcionamiento sin una consulta popular, entre otras razones.
El funcionamiento de la mina está suspendido desde 2019 por la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, debido a la falta de una consulta popular con los pobladores locales al respecto.
Las autoridades indígenas señalaron este lunes durante la marcha que las comunidades q’eqchi’ en El Estor «se consideran afectadas por el proyecto minero en mención», pues «desde hace varios meses solicitaron al Ministerio de Energía y Minas la acreditación de sus legítimos representantes en el proceso de consulta».
Ello debido a que, según denunciaron, hay otro grupo validado por el Gobierno que no les representa de forma legítima, como indicaron en un comunicado de prensa divulgado durante su protesta.
Los cientos de indígenas manifestantes instaron al Gobierno que preside Alejandro Giammattei que respete «la autoridad de los territorios», además de exigir la renuncia del ministro de Interior, Gendri Reyes, y de la fiscal general, Consuelo Porras.
EN ESTADO DE SITIO
Giammattei ordenó el domingo el estado de sitio en El Estor por los enfrentamientos registrados en el viernes y sábado entre los que se oponen a la mina y las fuerzas de seguridad.
Los enfrentamientos han dejado decenas de heridos -entre los que se encuentran agentes de la Policía Nacional Civil-, tras más de 20 días de que la resistencia indígena contra la minería de níquel instalara un campamento improvisado en la carretera.
Por su parte, el ombudsman de Guatemala, Jordán Rodas, manifestó el sábado su preocupación por la represión policial a las comunidades indígenas y dijo que la mina funciona «ilegalmente».
«Desde 2019 la Corte de Constitucionalidad (máximo tribunal del país) ordenó a CGN suspender la licencia de explotación minera, por no haber realizado consulta previa», enfatizó el ombudsman.
Sin embargo, pese a la prohibición, Rodas aseguró que «el Gobierno de Guatemala», que preside Alejandro Giammattei, «resguarda camiones de CGN» para su ingreso a la mina y a la vez las fuerzas de seguridad «reprimen a la población y periodistas».
El viernes y el fin de semana cientos de agentes de la Policía Nacional Civil han atacado a las comunidades indígenas en resistencia con bombas lacrimógenas, según han denunciado diversas fuentes.
Los comunitarios pugnan para frenar la operación de la compañía de níquel al carecer de estudios de impacto ambiental ni autorización de operaciones al no haberse realizado una consulta popular al respecto.
El Gobierno de Giammattei, por su parte, aseveró el sábado por la noche en un comunicado de prensa que la suspensión de la mina está en vigencia, pero que existen «otras actividades como la planta procesadora y otros derechos mineros de la zona» que «no están relacionados con la resolución referida».