Los activos y la propiedad del aeropuerto, no se traspasan, más bien se da bajo administración temporal para que el privado invierta y luego del plazo convenido, se devuelva a la administración pública.
Por El Salvador
La empresa hondureña Alutech invertirá $62.3 millones en 35 años mediante el Asocio Público Privado (APP)para ampliar la actual terminal de carga del aeropuerto internacional y construir una nueva terminal, indica el proyecto de ley que fue enviado esta semana a la Asamblea Legislativa.
El acuerdo contempla dos fases de ejecución: la primera con $13.3 millones para financiamiento, diseño, ampliación, construcción, equipamiento, mejora del mantenimiento y operación de la terminal de carga existente. Dentro de este monto se incluye $3.2 millones en concepto de inversiones realizadas.
Este se realizará en un plazo de 15 años y hará que la capacidad de la terminal pase de 23,000 a 52,000 toneladas métricas de almacenamiento.
Y en la segunda fase se invertirá un aproximado de $49 millones para financiamiento, diseño, construcción, equipamiento, mantenimiento y operación de una nueva terminal de carga en el aeropuerto.
Esta se dará para un plazo de 20 años con miras a incrementar la carga de 52,000 a 73,000 toneladas métricas como mínimo.
En el proyecto de ley de APP que presentó el presidente de Cepa (Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma), Federico Anliker, se plasma que la segunda fase podría darse o no, pero no dice bajo cuáles factores podría no realizarse.
Sin embargo, en una nota colgada en el sitio web de Cepa indica que “si la demanda de la terminal de carga alcanza las 47,000 toneladas métricas anuales en cualquier momento antes de finalizar el año 14 del contrato, Cepa podrá activar la opción de la construcción de la fase 2”.
Según el documento, Alutech además deberá pagar en las dos fases del proyecto de ampliación y administración de la terminal de carga del aeropuerto solo por el uso de las instalaciones $25.5 millones en un plazo máximo de 35 años.
El acuerdo que se presentó a la Asamblea establece que la empresa desarrollará el diseño, financiamiento, construcción, ampliación, equipamiento, mantenimiento y la operación de la actual y la nueva terminal de carga, pero el inmueble continuará siendo del Estado salvadoreño.
Anliker dijo en una entrevista el martes que el Estado seguirá siendo la autoridad como administrador del contrato y la Autoridad de Aviación Civil será el ente regulador para que existan todas las garantías y que se cumplan las condiciones del APP.
¿Pero en qué consiste el asocio que permitirá ampliar a 73,00 toneladas métricas la capacidad de la terminal de carga?
Según el documento, la empresa hondureña Alutech, con la que Cepa establecería el APP, tendría que pagar al Estado $847,500 anuales por uso de instalaciones durante los 15 años que dura la primera fase, lo que suma $12,712,500.
En los primeros cinco años de la segunda fase pagará al Estado $423,750 anuales.
Del año 6 al 12 el pago anual será de $565,000 y ya en los últimos 8 años del contrato pagará $847,500 (precios ya incluyen IVA).
Y en los 20 años de la segunda fase del asocio pagará $12,849,750, lo que suma $25.5 millones durante las dos fases del APP para 35 años.
Dentro de la inversión de la empresa hondureña se incluye un pago anual equivalente al 12.1 % más IVA de los ingresos totales por operar la terminal.
También estará obligada a pagar cada año el 1 % más IVA de la facturación a la Autoridad de Aviación Civil.
Además debe destinar $227,000 en la fase 1 por estudios y estructuración del APP y en caso de realizar la fase 2 deberá pagar $393,114 más IVA por el mismo concepto.
Además cada año deberá destinar 5 % más IVA de su facturación para un programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
Sobre las tarifas que recibirá Alutech por operar la terminal de carga, el documento indica que estarán establecidos en el contrato del APP y será un tarifario según la prestación de los servicios, los cuales a la fecha han sido percibidos por Cepa.
Polémica por la adjudicación
En el proyecto de ley del APP se establece que para Cepa, Alutech es la empresa técnica y económicamente indicada para ejecutar los proyectos y plasma una línea de tiempo del proceso, entre el 3 de septiembre de 2019 cuando se aprobaron las bases de licitación y el 28 de septiembre de 2020 cuando se acordó adjudicar el proyecto a la empresa hondureña.
Pero hay aspectos que no han quedado claros y han sido cuestionados.
Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de Funde (Fundación Nacional para el Desarrollo) apunta que el proyecto del APP de Cepa no dice nada sobre el tema de los empleados o el régimen laboral.
Y señala que la empresa adjudicada es la misma que otorgó $1 millón al partido GANA.
Además destaca que existe reserva de la información sobre el expediente de la licitación que adjudicó el asocio a Alutech.
Sandoval explicó que en el artículo 6 de la Ley de APP se establece en qué consiste dicho acuerdo.
“Los contratos de Asocio Público Privado son acuerdo suscrito entre una o más instituciones contratantes del Estado y el participante privado, que tiene por objeto, a través de las diferentes modalidades contractuales la provisión de infraestructura y la prestación eficiente de servicios públicos, de interés general, y otros de carácter privado complementarios a éstos”, dice.
Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, la cual dio a conocer que la empresa Alutech es financista del partido GANA, también cuestionó que se le haya dado la adjudicación a esa compañía.
“Es difícil contestar si el proceso fue transparente, si se respetó el debido proceso y bajo la normativa aplicable se podría determinar la legalidad o ilegalidad, haciendo la respectiva fiscalización o auditoría; Corte de Cuentas podría hacerla en el sentido de verificar los plazos o el procedimiento que se haya seguido”, indicó Escobar.
Afirmó que se debería conocer si todas las empresas tuvieron la misma oportunidad como oferentes que participaron en el proceso de licitación.
Agregó que como organización han cuestionado la relación entre la empresa por ser donante del partido GANA, pero no han señalado irregularidad en el proceso de adjudicación.