Desde septiembre de 2019 rige una prohibición de otorgamiento de permisos para aprovechamiento forestal en Panamá, donde el delito ambiental más frecuente es la tala ilegal.
Por EFE
Panamá es un país de bosques: el 65 % de su territorio está conformado por estos ecosistemas y el 75 % de sus suelos tiene una vocación forestal. Y libra una ardua batalla contra la deforestación, que es una de las consecuencias de su pobre cultura ambiental.
«El país lo que necesita es más educación ambiental», afirmó el ministro panameño de Ambiente, Milciades Concepción, en una entrevista con Efe en la que calificó este asunto como el mayor reto en la materia que enfrenta el país centroamericano, de poco más de 75.500 kilómetros cuadrados y 4,28 millones de habitantes.
Los otros dos desafíos relevantes de Panamá en materia ambiental son reducir la deforestación y consolidar un ordenamiento territorial ambiental en el cual el suelo se use de acuerdo con su vocación, asuntos ambos estrechamente vinculados con la educación.
«Un país educado ambientalmente va a proteger sus recursos naturales. Eso lo hemos visto en otros países con mayor nivel de cultura ambiental. Salgamos a la calle, con la basura aquí, en la esquina, nos damos cuenta que nos falta educación ambiental en todos los sentidos», expresó el ministro.
La pandemia de la covid-19, que desde marzo de 2020 mantiene a la gran mayoría de los estudiantes de Panamá recibiendo educación no presencial, trastocó los planes de Concepción de reestructurar, junto con el Ministerio de Educación, los planes de estudio «para hacer una verdadera educación ambiental que esté inmersa en todas las materias» académicas y a todos los niveles.
UN PAÍS VERDE AMENAZADO POR LA DEFORESTACIÓN
Con el apoyo de las comunidades, de la empresa privada y de otros entes estatales, el Ministerio de Ambiente libra una batalla contra «una cultura de deforestar para ampliar la frontera agropecuaria y también para el aprovechamiento forestal o vender madera», explicó Concepción.
«Con esta alianza estamos reduciendo la deforestación, hasta tal punto que cuando se sobrevuela la geografía de nuestro país todavía encontramos deforestación pero mucho menos que en períodos anteriores», dijo el ministro.
En la década de 1950 la cobertura boscosa de Panamá era del 90 %, pero para el 2012 se había reducido en cerca del 50 %, según un estudio oficial.
Ahora «el 65 % del territorio» de Panamá «es bosque», y el ministerio busca seguir «ampliando» esa extensión «con planes de reforestación, de restauración forestal», dijo Concepción.
Desde septiembre de 2019 rige una prohibición de otorgamiento de permisos para aprovechamiento forestal en Panamá, donde el delito ambiental más frecuente es la tala ilegal.
La respuesta a este delito «se está enfocando en dos formas: una con educación ambiental, que está dando resultado pero ese es un proceso a largo plazo», y la otra con acciones punitivas tanto administrativas como penales, dijo el ministro.
En el Parlamento se discute un proyecto presentado por el ministerio que aumenta las penas de los delitos ambientales existentes y define otros que no están contemplados en el Código Procesal Penal, agregó.
La riqueza verde hace que Panamá sea «uno de los tres países del mundo que es carbón negativo», otra razón por la que se quiere aumentar la cobertura boscosa, resaltó Concepción.
Otro reto de Panamá es lograr que se usen los suelos de acuerdo con su vocación, algo que solo ocurre en algunos lugares del país, afirmó Concepción.
«No podemos seguir utilizando el suelo para la actividad que se nos antoje. Los suelos tienen una vocación. Y el 75 % de los suelos del país, de Panamá, tiene una vocación forestal, es decir, no pueden ser utilizados» para otra cosa, alertó.
CONTROVERSIA MINERA
Grupos ambientalistas ha planteado una propuesta ley para una moratoria indefinida a la minería en Panamá, al tiempo que el Ejecutivo impulsa un diálogo sobre la actividad y negocia un nuevo contrato para legalizar la actividad de una de las mina de cobre más grandes del continente.
«La minería es legal en Panamá desde 1963» y el ministerio no está «ni a favor ni en contra de ningún proyecto, ni tiene capacidad para derogar una ley o un código minero. Nosotros aplicamos las normas ambientales» vigentes, dijo Concepción.
El ministro reconoció que en el caso de la mina Cobre Panamá, de la empresa Minera Panamá, propiedad de la canadiense First Quantum Minerals (FQM) «ha faltado supervisión diaria», una cuestión que el Gobierno pretende subsanar con el nuevo contrato.
Minera Panamá ha sido señalada de causar graves daños al ambiente. Ahora mismo se investiga la contaminación de un río cercano a la mina.