Bukele indicó que «una vez terminada la obra la zona será turística y generará empleo y desarrollo económico.
Por EFE
La polémica presa hidroeléctrica de El Chaparral, en El Salvador y cuyos fondos destinados para su construcción fueron supuestamente malversados por el expresidente Mauricio Funes (2009-2014), constará US$700 millones, según lo informó este martes el presidente Nayib Bukele.
El mandatario se trasladó hasta la zona de construcción de la represa, en el oriental departamento de San Miguel, para constatar el avance de las obras, que a julio lleva un poco más de un 60 %, y recibir un informe sobre los trabajos.
Bukele señaló que inicialmente el proyecto costaría US$216 millones «pero los gobiernos anteriores lo incrementaron tanto que ahora costará US$700 millones».
El mandatario indicó que «una vez terminada la obra la zona será turística y generará empleo y desarrollo económico» e indicó que se destinarán 20 millones de dólares para invertir en programas sociales y ambientes.
«Estamos seguros que se van a generar muchísimos empleos y mucho más desarrollo económico (…) esta zona, y ustedes lo van a ver una vez terminada, va a ser una zona turística que va a fortalecer a todos los municipios aledaños con empleo», añadió.
Por esta polémica obra, el Gobierno de El Salvador presentó una querella contra el expresidente Funes en una causa penal por la supuesta malversación de los fondos destinados a la construcción de una presa hidroeléctrica, según lo señaló Bukele en septiembre de 2019.
El 4 de enero de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Funes ante una corte por el supuesto manejo irregular de 108,5 millones de dólares de la construcción de una represa.
«Ya nos presentamos como querella acompañando a la Fiscalía General de la República. Vamos a dar con los que se robaron ese dinero, entre ellos el expresidente Funes y la que ahora es su esposa, y vamos a hacer que lo devuelvan», sostuvo el mandatario en conferencia de prensa.
El Gobierno de Funes, de acuerdo con el Ministerio Público, pactó con la empresa ASTALDI el pago directo de 108,5 millones de dólares, que incluía la cancelación de «la obra ejecutada hasta el momento, más una suma adicional de 45.244.418 dólares, sin existir base legal ni técnica» para el monto extra.
Por este caso, además de Funes, son procesados la cónyuge del exmandatario, Mitchell Guzmán; el expresidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, José Leopoldo Samour; y los representantes de ASTALDI, José Enfraín Quinteros y Mario Pieragostini.
«En julio 2012, después de hacer negociaciones de manera unilateral y directa, (los acusados) lograron anular el contrato y desviar entre ellos un monto de 108,5 millones de dólares», sostuvo la Fiscalía el pasado 4 de enero.
La acusación de la Fiscalía señala que Funes recibió 3,5 millones de dólares en «dádivas» de la referida empresa que supuestamente fueron movidos mediante empresas «fachadas» en El Salvador, Panamá, Suiza, Islas Marshall y Curazao.
Funes, quien gobernó bajo la bandera del «cambio» del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) ante la corrupción de Administraciones anteriores, es el tercer presidente de la democracia salvadoreña en ser acusado de apoderarse de dinero público.