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Una corte salvadoreña condena a prisión a exjefes de cárceles por corrupción

Jul 19, 2021 | En la Mira, Noticias de Hoy

Revista SUMMA
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Entre 2012 y 2014, las principales pandillas de El Salvador pactaron una tregua para reducir los índices de violencia en el país.

Por EFE

Una corte de sentencia de El Salvador condenó este lunes a dos años de prisión – que serán sustituidos con trabajo de utilidad- a dos exjefes de las prisiones del país acusados de malversación de fondos estatales.

Se trata de Nelson Rauda y Rodil Hernández, quienes dirigieron la Dirección General de Centros Penales (DGCP) en los períodos 2012-2013 y 2013-2017, respectivamente, y que fueron procesados por los delitos de actos arbitrarios y administración fraudulenta.

Rauda y Hernández fueron sentenciados a dos años de cárcel por el delito de actos arbitrarios y por el de administración fraudulenta fueron absueltos, según informó el órgano Judicial.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), los fondos públicos fueron utilizados para fines distintos a los que establece el Reglamento General de la Ley Penitenciaria, que ordena que se inviertan en «mejorar el sistema penitenciario».

Los acusados utilizaron 200.193 dólares entre los años 2012 y 2014 para pagos de «inteligencia», pero el dinero se habría utilizado para el pago de salarios, bonificaciones y viáticos de personas que presuntamente colaboraron con una tregua entre las pandillas o «maras».

Entre 2012 y 2014, las principales pandillas de El Salvador pactaron una tregua para reducir los índices de violencia en el país, armisticio que fue impulsado por el expresidente Mauricio Funes (2009-2014), según reconocieron él mismo y otros funcionarios.

Funes atribuyó a la tregua entre las pandillas una sensible baja en las cifras de homicidios, pero tras su fin, el país experimentó alzas sostenidas de muertes violentas hasta marcar las 103 por cada 100.000 habitantes en 2015.

Este es el segundo juicio que enfrentan Rauda y Hernández por los mismos delitos debido a que un corte de apelaciones anuló un falló absolutorio de 2019 y ordenó repetir la diligencia.

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