El contrato para explotar la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica fue ratificado el pasado 20 de octubre por el presidente panameño.
Por EFE
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) inicia este viernes una sesión permanente para debatir y analizar las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406 que adopta el contrato entre el Estado y Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), foco desde hace un mes de las mayores protestas en Panamá en décadas.
El pleno del máximo órgano judicial de Panamá, conformado por nueve magistrados encabezados por la presidenta María Eugenia López Arias, está convocado en sesión permanente a partir de las 9:00 hora local (14:00 GMT) en el Palacio de Justicia Gil Ponce en la capital panameña para analizar las demandas de inconstitucionalidad.
«La duración de la sesión permanente dependerá del tiempo que tome el análisis, debate y discusión del proyecto por parte de los magistrados y magistradas del Pleno de la CSJ. Inmediatamente se adopte una decisión, esta se dará a conocer», informó el Órgano Judicial en un comunicado.
La expectación en Panamá es máxima ante una posible declaración de inconstitucionalidad que ponga fin a más de un mes de protestas en Panamá, en las que los continuos cortes en las principales carreteras del país han desencadenado una crisis de abastecimiento, dejando semiparalizado el país.
El contrato para explotar la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica fue ratificado el pasado 20 de octubre por el presidente panameño, Laurentino Cortizo, tras ser aprobado de manera exprés en los obligados tres debates parlamentarios.
Ambientalistas y jóvenes salieron a las calles en masa para oponerse al contrato, a los que se fueron uniendo otros grupos de la sociedad, una presión que empujó al Parlamento a aprobar una moratoria minera y a estar dispuesto a derogar la Ley 406, una opción que finalmente no prosperó al decidir que una declaración de inconstitucionalidad sería la mejor opción para evitar una demanda millonaria de la compañía.
Desde el pasado 12 de noviembre, un grupo «vigila» día y noche al Supremo para que tome una decisión lo antes posible que ponga fin a este proyecto minero, acusado por ambientalistas de causar graves daños al Corredor Biológico Centroamericano.
Entre ellos se encuentra Guido César Berguido, biólogo y director de la Fundación Adopta Bosque Panamá, además de ser uno de los miembros más destacados del movimiento impulsor de las protestas Panamá Vale Más Sin Minería.
«Después de habernos fallado tanto el Ejecutivo como el Legislativo, después de más de un mes de estar en las calles, el pueblo panameño ha levantado su voz y estamos conscientes de que lo más seguro es que se va a dar un fallo de inconstitucionalidad, que es lo que el país requiere para recuperar su paz social», afirmó este viernes a EFE Berguido en las proximidades de la Corte Suprema de Justicia.
Según el activista, el «fallo de inconstitucionalidad es básicamente el primer paso para eliminar esta nefasto contrato minero», y luego será necesario que los «ministerios correspondientes tomen las medidas y emitan los decretos correspondientes para así eliminar la actividad minera que en este caso estaría ilegal totalmente en nuestro país. Luego procederá el plan de cierre».
«Hay más de mil hectáreas actualmente afectadas por la actividad minera. Dios mediante, al darse este fallo se evitará la destrucción de más de 15.000 hectáreas adicionales», aseguró el biólogo, que lamenta que las áreas afectadas que ya han sido excavadas tardarán «décadas, posiblemente generaciones, antes de que pueda verse un bosque nuevamente allí».