Los trabajadores insisten en un incremento general de los sueldos

Por: Capital Financiero

La próxima discusión para el establecimiento de un nuevo salario mínimo se registrará dentro de un ambiente diferente al de hace dos años, con una economía que muestra signos de desaceleración y sin elecciones a la vista.

Será un nuevo reto para el actual Gobierno, que enfrenta críticas del sector empresarial por la demora en la ejecución proyectos de infraestructuras que ayuden a dinamizar la economía y el recelo de los trabajadores ante el incumplimiento de algunas promesas electorales, por lo que no le será fácil encontrar una fórmula que pueda dejar satisfechos a ambos sectores, sí como ha ocurrido en la mayoría de las ocasiones, no se ponen de acuerdo sobre el  monto del nuevo salario mínimo.

El salario mínimo vigente en Panamá es de US$624 y le corresponderá a la Comisión Nacional del Salario designada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) establecer, por medio del consenso, un nuevo salario mínimo y de no llegarse a un acuerdo, será el Ejecutivo quien tome la decisión final.

El último aumento fue establecido en diciembre del 2013 y comenzó a regir a partir de enero del 2014.

El salario mínimo está  determinado por la actividad económica y la región. En la última sesión el número de regiones se redujeron a dos

En el caso de la región uno, el salario mínimo se incrementó en un 27%. Para la región dos de menores recursos y que está formada por pequeñas empresas el aumento fue de alrededor del 13% llegando a un monto de  US$488.

El pasado mes de mayo, el ministro Luis Ernesto Carles informó que en julio del 2015 se instalaría la Comisión Nacional de Salario Mínimo.

Carles señaló que la Comisión deberá determinar hacia dónde va la economía, ya que las actividades comerciales van cambiando, y en base a ese análisis se podrá determinar el ajuste que habría de aplicarse.

La Comisión Nacional de Salario Mínimo está integrada de manera tripartita por representantes del sector empresarial, sindical y del Gobierno, con el objetivo de fijar la nueva tasa de salario a nivel nacional, para darle cumplimiento a  ley que establece que cada dos año debe revisarse el salario mínimo que deben devengar los trabajadores panameños.

A la empresa privada le preocupa que el Ejecutivo no permita que los empresarios y los trabajadores puedan llegar a un consenso y como ha ocurrido en la mayoría de las ocasiones termine estableciendo un salario mínimo de manera unilateral.

Elisa Suárez, presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), hizo un llamado al presidente Juan Carlos Varela para que permita a los sectores productivos ponerse de acuerdo sobre este tema.

“No nos han dejado ponernos de acuerdo, siempre el salario lo define el Ejecutivo”, señaló la dirigente, quien recordó  que el último aumento fue determinado por el expresidente  Ricardo Martinelli.

“Si lo va a definir el Presidente,  sería una reunión accesoria”, añadió.

En opinión del profesor de Economía de la Universidad de Panamá, Baudilio Márquez, los parámetros que se deben tomar en cuenta para hacer el ajuste del salario mínimo, deben girar en torno al costo de la canasta básica y de los bienes básicos,  incluyendo  el transporte, salud, educación y vivienda.

“Hay que tomar muy en cuenta el comportamiento de los precios en cada uno de esos renglones, destacó.

Sobre el nuevo ajuste que debe implementarse, indicó que debe ser igual o mayor al último que se otorgó, que fue por  el orden del 27%.

El docente sostuvo que el actual salario mínimo debe tomarse como referencia, ya que la canasta básica no ha sufrido bajas y los productos regulados no han tenido un efecto en el precio de los alimentos.

Recordó que los empresarios nunca están de acuerdo con un aumento del salario mínimo, porque un incremento en el costo de la mano de obra, los obliga a ser más eficientes en sus procesos productivos.

“Hay que buscar el mecanismo que logre que el incremento que pueda establecerse  cubra, al menos, el costo de la canasta básica”, precisó.

Finalmente Márquez  indicó que el acuerdo debe ser  alcanzado por los patronos y los trabajadores, sin imposición del Ejecutivo, para lo que  se requiere la designación de  personas con capacidad negociadora, que no asuman posiciones intransigentes.

Pin It on Pinterest

Share This