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Reino Unido expresa su preocupación por las detenciones de fiscales en Guatemala

Feb 17, 2022 | Noticias de Hoy

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Gobierno de Guatemala indicó en un comunicado de su Cancillería que «exige a los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno» local «que se abstengan de intervenir en los asuntos internos» del país.

Por EFE

El Reino Unido manifestó este miércoles su preocupación por la detención de fiscales en Guatemala y el accionar de la jefa del Ministerio Público (MP, Fiscalía), Consuelo Porras, sancionada en septiembre pasado por Estados Unidos.

La embajada del Reino Unido en Guatemala detalló en un comunicado que su preocupación nace de la detención el pasado 10 de febrero de dos exfuncionarias de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

«También nos preocupa la destitución de la inmunidad judicial a los jueces que procesaron casos de corrupción», añadió la representación consular.

El pasado 10 de febrero, las abogadas Leily Santizo y Eva Sosa, extrabajadoras de la Cicig, fueron detenidas por un caso denominado por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) como «Cooptación y Corrupción Judicial» , sin más datos al respecto al estar bajo confidencialidad, de acuerdo con la misma entidad.

Ambas funcionarias en la Cicig, comandada por el jurista colombiano Iván Velásquez, desarticularon a más de 50 estructuras de corrupción en el Estado entre 2014 y 2019, incluidos expresidentes, presidentes y altos miembros de la cúpula empresarial del país centroamericano.

De igual forma este mismo miércoles se ordenaron arrestos para cuatro trabajadores de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, quienes también acompañaron a la Cicig en la lucha anticorrupción.

Los cargos en contra de los cuatro trabajadores acusados este miércoles tienen como origen supuestamente la «coacción» de un testigo en un caso de alto impacto.

Sin embargo, todas las detenciones obedecen, según palabras de Santizo a medios de comunicación, como revancha por llevar a cabo la lucha anticorrupción por parte de la Cicig y la FECI.

Santizo declaró también el martes que teme por su vida pues se encuentra en la misma cárcel que docenas de personas a las que imputó penalmente.

«El Reino Unido insta a las autoridades a garantizar la seguridad de los detenidos y salvaguardar su derecho al debido proceso», añadió el comunicado.

TAMBIÉN ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos de igual forma se pronunció este miércoles al afirmar que está «profundamente preocupado» por lo que considera «el maltrato inaceptable y el abuso persistente» a fiscales y exfiscales por parte del Ministerio Público, bajo el liderazgo de Consuelo Porras.

Así lo señaló en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

La cartera de Exteriores de EE.UU. subrayó que, bajo la dirección de Porras, el MP se ha valido de registros y arrestos basados en imputaciones secretas e información de casos «filtrada de forma selectiva» para supuestamente perseguir a fiscales.

Todo ello «en un intento aparente de identificar y castigar a los guatemaltecos que luchan contra la impunidad y promueven la transparencia y rendición de cuentas», dijo Price, quien afirmó que es «esencial» que se respeten los derechos constitucionales de los ciudadanos para proteger el cumplimiento de la ley.

El martes, el Gobierno de Guatemala indicó en un comunicado de su Cancillería que «exige a los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno» local «que se abstengan de intervenir en los asuntos internos» del país.

Las detenciones de las abogadas han generado críticas en varios sectores de la población, en especial contra la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, quien en septiembre pasado fue sancionada por Estados Unidos con la remoción de su visa acusada de «obstruir» casos de alto impacto.

La Cicig se estableció en Guatemala en 2007 a través de un acuerdo entre el Gobierno y la Organización de Naciones Unidas para desarticular los aparatos clandestinos dentro del Estado en el país centroamericano, uno de los seis más corruptos de Latinoamérica, según diversos estudios al respecto.

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