El rechazo a la renovación del contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá han motivado las más intensas y masivas protestas en décadas en el país.
Por EFE
Las protestas antiminería en Panamá por la renovación del contrato entre el Estado y Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), bajaron de intensidad este viernes, con algunos grupos sindicales que marcharon en la capital panameña, mientras persistían bloqueos intermitentes de carreteras en el resto del país.
El sindicato de la construcción, uno de los más fuertes de Panamá, gremios docentes y otras agrupaciones populares marcharon hoy desde el centro de la capital hasta el palacio de Gobierno para reiterar al Ejecutivo, que preside Laurentino Cortizo, su demanda de derogación del convenio minero por la vía de un proyecto de ley.
«La demanda nuestra junto al pueblo es la derogatoria de la ley vende patria, la que lesionó la soberanía, la autodeterminación y la dignidad nacional», declaró a EFE Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).
El líder sindical dijo que esa es la reivindicación por la que luchan, así como el «cierre de First Quantum» y sus operaciones en Panamá
«Y vamos a seguir en las calles junto al pueblo, hasta que caiga la ley» que aprobó la renovación del polémico y criticado contrato minero, remarcó Méndez.
El rechazo a la renovación del contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá han motivado las más intensas y masivas protestas en décadas en el país, originadas por la rápida aprobación del pacto con la Ley 406 por el Parlamento y su inmediata firma por Cortizo el pasado 20 de octubre.
Las jornadas de protestas antiminería se han visto empañadas en no pocas ocasiones por actos de violencia y vandalismo, que Cortizo dijo esta semana que «no quedarán impunes».
«Este tipo de manifestaciones violentas que hacen uso de la fuerza perjudicando a todos no quedarán impunes porque atentan contra la Constitución y las Leyes que todos debemos respetar», afirmó el jueves Cortizo, en su cuarto mensaje al país en esta crisis.
Los sindicatos habían llamado ese día a un paro nacional en todo el país que aparentemente tuvo un débil poder de convocatoria, y ese mismo día anunciaron otro similar para el próximo lunes.
Este viernes, cuando se cumplen 26 días de protestas, se han producido escasos bloqueos viales en las principales carreteras del país, entre ellas la Panamericana, que atraviesa al país de norte a sur y conecta con Centroamérica.
A su vez, jóvenes y ambientalistas siguen su vigilia frente a la Corte Suprema de Justicia, para presionar a ese órgano para que apresure su dictamen sobre la inconstitucionalidad o no del contrato ley, una vía que el propio presidente panameño ha instado a «esperar» y comunicado que, sea cual sea la decisión, la acatará.
El Supremo panameño ha notificado que el próximo 24 de noviembre se declarará en «sesión permanente» para fallar sobre el pacto minero.
Un nuevo fallo de inconstitucionalidad colocará el Estado panameño en una mejor posición de defensa frente a los reclamos arbitrales que previsiblemente interpondrá la minera, argumentan los ambientalistas y abogados.
Pero los sindicatos reiteraron hoy que seguirán en las calles hasta que se derogue el contrato ley, lo que hasta ahora descartaron el Parlamento y el Ejecutivo.