Promover una política fiscal sostenible y equitativa, fortalecer la resiliencia al riesgo de desastres y pandemias y consolidar la gobernanza y las instituciones son otros de los retos.
Por Revista Summa
La principal preocupación para los salvadoreños este año es el elevado costo de la vida, un efecto directo de la inflación, que en 2022 casi alcanzó el 8%.
Douglas Rodríguez, presidente del Banco Central de Reserva, sostiene que dicho indicador hubiera superado el 12% sin las medidas de alivio económico que se impulsaron desde marzo del 2022, las cuales incluyen subsidios a los combustibles.
Al revisar su composición, la del sector de alimentos y bebidas no alcohólicas casi duplica al promedio (13,54%); no obstante, en general, el BCR defiende que es la tasa de inflación más baja de Centroamérica. Además, el FMI prevé que desacelere al 2,7% este 2023, sin embargo, esto no significa que los precios dejarán de subir, sino que las alzas serán más mesuradas que las vistas en 2022.
Por su parte, el Banco Mundial considera que El Salvador tiene un gran potencial para impulsar un crecimiento económico dinámico, inclusivo y resiliente, siempre que continúe dando prioridad al aumento de las inversiones en capital humano y a fortalecer la eficacia del sistema de protección social.
También tiene el reto de mejorar la inversión pública y privada, promover el acceso a empleos de alta calidad y fomentar un sector privado más competitivo e innovador.
El mayor problema
La situación fiscal de El Salvador sigue siendo crítica, por lo que la consolidación de los ingresos debe de ser “la máxima prioridad», según lo proyecta el FMI, que insiste en la necesidad de abordar los riesgos derivados de la adopción del bitcoin como moneda de curso legal.
Este enero, el gobierno enfrentará el vencimiento del bono 2023 por US$800 millones y, aunque ya recompró un poco más de US$100 millones de dicha deuda a los tenedores, está pendiente una nueva salida al mercado.
Al cierre del 2022, el presidente Nayib Bukele anunció una segunda recompra de la deuda salvadoreña por US$74 millones para títulos con vencimiento entre 2023 y 2025. Otra variable que pone presión sobre las finanzas salvadoreñas es la reciente propuesta de reforma a las pensiones que aboga por una pensión mínima de US$400, no nacionaliza el sistema y mantiene el esquema de cuenta individual en vez del de reparto, mientras aumenta un 1% el aporte de los empleadores, impone más supervisión sobre las AFP y les reduce sus comisiones, entre otros cambios.
Ya se encuentra en la Asamblea Legislativa y se prevé su pronta aprobación, sin embargo, la gran pregunta que lanzan varios analistas, incluido Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva, es de dónde saldrán los fondos.