El país centroamericano se encuentra en estado de excepción desde finales de marzo tras una ola de asesinatos.
Por EFE
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) confirmó la existencia de atropellos en al menos 7 casos durante los primeros días del régimen de excepción en El Salvador, vigente desde finales de marzo e implementado para «combatir» a las pandillas, según informó este lunes el titular de la institución, José Apolonio Tobar.
Tobar indicó en una entrevista televisiva que de 173 denuncias de supuestas violaciones a derechos humanos, recibidas únicamente en San Salvador en el primer mes del régimen de excepción, en 7 casos «existe responsabilidad de los funcionarios que han sido denunciados».
Apuntó que se confirmaron estas vulneraciones tras una investigación y entrevistas de un equipo técnico de la PDDH y afirmó que «es la investigación la que nos da el soporte».
El procurador añadió que en la resolución del expediente con los casos de San Salvador emitirá también una serie de recomendaciones a la Policía Nacional Civil (PNC), Fuerza Armada y Centros Penales.
Tobar dijo también que de 65 denuncias investigadas en el departamento de Cuscatlán, en ninguna se confirmó que existiera atropellos por las autoridades.
La PDDH, según indicó su titular, ha recibido desde que se aprobó en la Asamblea Legislativa el régimen de excepción, más de 3.400 denuncias de supuestas violaciones a derechos humanos.
Sobre las muertes de personas detenidas bajo el régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, Tobar dijo que la PDDH tiene «28 expedientes abiertos».
De acuerdo con organizaciones humanitarias y reportes de medios locales, al menos 63 personas han fallecido bajo custodia estatal durante el régimen de excepción.
El Estado de El Salvador aseguró a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en un informe con fecha del 29 de julio que supuestamente investiga estas muertes, sin precisar la cifra.
«El Estado comunica que las situaciones presentadas (muertes) han dado lugar a investigaciones que se encuentran en proceso bajo la dirección funcional de la Fiscalía General de la República», señaló El Salvador.
El país centroamericano se encuentra en estado de excepción desde finales de marzo tras una ola de asesinatos atribuida a las pandillas el último fin de semana de marzo que dejó más de 80 víctimas.
Bajo esta suspensión de garantías constitucionales son más de 50.500 personas detenidas, según cifras oficiales.