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Piden al presidente salvadoreño reconsiderar su postura sobre el Acuerdo de Escazú

Abr 22, 2021 | En la Mira, Noticias de Hoy

Revista SUMMA
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El Acuerdo de Escazú fue firmado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense del mismo nombre.

Por EFE

Un grupo de organizaciones medioambientales junto a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pidieron este jueves al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que reconsidere su postura sobre el Acuerdo de Escazú, un tratado de derechos humanos en asuntos ambientales.

Bukele dijo en septiembre del año pasado que El Salvador no firmaría dicho tratado porque «hay un par de cláusulas que no aplican con la realidad» del país.

Las organizaciones señalaron en un comunicado que el acuerdo de Escazú es una oportunidad única para El Salvador, ya que «el rumbo que lleva el país con una estrategia basada en megaproyectos, es un camino erróneo».

Indicaron que es «necesario elevar el nivel de voluntad ética y política con el ambiente» y que «convertir al país en un Estado parte del Acuerdo de Escazú es esencial para crear garantías sobre el legítimo derecho del pueblo salvadoreño a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sustentable para las presentes y futuras generaciones».

«Estamos a tiempo que el presidente Bukele corrija su decisión y se envíe un mensaje robusto de que El Salvador honrará sus compromisos en materia ambiental multilateral como una contribución significativa hacia el cumplimiento de la Agenda 2030, la consolidación de la paz y la cooperación Sur-Sur y triangular entre pueblos y naciones», añadieron.

El Acuerdo de Escazú fue firmado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense del mismo nombre, en lo que es considerado el primer tratado multilateral en América Latina y el Caribe sobre asuntos ambientales y que da apoyo a los derechos humanos en general y los ambientales en particular.

El tratado, que entró en vigencia este jueves en coincidencia con el Día Internacional de la Tierra, busca garantizar la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en la región.

De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), una de las provisiones más novedosas y valiosas es que este acuerdo reconoce y garantiza la protección de los defensores del medioambiente.

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