La mina Cobre Panamá comenzó a exportar mineral de cobre en junio de 2019 y tiene una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares.
Por EFE
La Asamblea Nacional de Panamá (AN/Parlamento) comenzó este lunes el primero de los tres debates sobre la aprobación del contrato ley con Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), para explotar la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.
A la vez que se desarrollaba el debate, centenares de personas protestaban a favor y en contra de ese polémico pacto frente a la sede del legislativo.
«La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos aprobó la metodología para el primer debate del Proyecto 1043, que establece el Contrato Ley entre el Estado y Minera Panamá», informó el Parlamento panameño a través de una publicación en la red social X (antes Twitter).
La comisión contó con la presencia, entre otros, del ministro de Ambiente, Milciades Concepción, y el de Comercio, Federico Alfaro.
Si lo aprueban en el primer debate, la discusión se eleva al pleno legislativo para los otros dos, y, finalmente, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, debe ratificar el contrato ley. Los diputados no pueden modificar el contrato, solo decidir si aprobarlo o rechazarlo.
A las puertas del Parlamento, ambientalistas, sindicatos y grupos estudiantiles, así como colaboradores de Minera Panamá, se manifestaron con posiciones encontradas en un ambiente tenso, pero sin altercados, según pudo constatar EFE.
«Exigimos cortesía de sala para sustentar por qué nos oponemos al contrato minero, un contrato leonino que va en contra de lo que realmente el pueblo necesita», dijo a EFE el subsecretario general del sindicato obrero Suntracs – el más poderoso del país-, Reynaldo Garcés.
Entre las principales denuncias del grupo en contra del contrato está la «falta de transparencia» durante la negociación del pacto y el daño ambiental de la minería. Casi un centenar de personas elevaban carteles con frases como «Panamá vale más sin minería» y «cambio climático mata, minera empeora».
«Este es un contrato inconsulto que lo ha decidido el Gobierno (…) y es importante que el pueblo sepa que no conviene nada al país porque contamina más nuestros bosques, destruye el medio ambiente y se lleva los recursos minerales de nuestro país», explicó Garcés.
«SÍ AL CONTRATO», PIDEN COLABORADORES DE LA MINERA
Por otro lado, más de un centenar de colaboradores de la minera se manifestaron con pancartas a favor de la aprobación del contrato: «Soy minero y cuido del ambiente», «Sí al contrato», «por mi desarrollo profesional y el futuro de mis hijos, sí al contrato».
«Estamos aquí para que la Asamblea sepa que hay una mano de obra de colaboradores y profesionales que necesitan que el proyecto sea aprobado porque el país siempre ha crecido en el área metropolitana, pero el resto del país necesita desarrollarse y el proyecto minero ha llevado desarrollo», declaró a los periodistas Jaime Torrero, del programa de educación de la minera.
Un reducido grupo de estudiantes arrancó las pancartas a los trabajadores de la minera y las quemaron, a la vez que les gritaron «vendidos» y «el oro de Panamá es verde», aunque no hubo confrontación entre ambos bandos.
En marzo pasado, el Gobierno de Panamá y FQM alcanzaron, tras más de un año de arduas negociaciones, un acuerdo final de contrato de concesión a 20 años prorrogables para la explotación de una gran mina de cobre, que establece ingresos mínimos de 375 millones de dólares al fisco y amplios poderes de supervisión estatal a la operación, entre otros.
El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá presentó el 17 de julio pasado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de amparo de garantías constitucionales en contra de la aprobación gubernamental del contrato con FQM.
El CIAM es la organización que en 2009 presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el contrato ley de 1997 que avaló la concesión para la explotación de la mina de cobre y que finalmente resolvió la CSJ en 2017 a favor de los ambientalistas, obligando así a que se negociara un nuevo contrato.
El Gobierno sometió a una consulta pública no vinculante el contrato minero, que defiende como justo para ambas partes, que lo negociaron por más de un año, mientras que sectores ambientalistas lo han tildado de «herida de muerte» para el país.
La mina Cobre Panamá comenzó a exportar mineral de cobre en junio de 2019 y tiene una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares, según el Gobierno y la empresa, además de 5.279 trabajadores directos y cerca de 40.000 indirectos.