Ya suman 137 ONG ilegalizadas.
Por EFE
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, de mayoría oficialista, canceló este miércoles las personalidades jurídicas a otras 25 ONG nicaragüenses, con lo que suman 137 las organizaciones civiles sin fines de lucro ilegalizadas desde diciembre de 2018, a petición del Gobierno del presidente Daniel Ortega.
Entre las 25 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ilegalizadas se encuentran la Fundación Luisa Mercado que dirige el escritor nicaragüense exiliado en España, Sergio Ramírez Mercado, y la Asociación para el Desarrollo de Solentiname, fundada en 1982 por el fallecido poeta trapense Ernesto Cardenal (1925-2020).
También la Asociación Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH), dedicada a la defensa de los derechos humanos, y la Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni).
Además, la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos, la Asociación Nicaragüense de Cinematografía, la Asociación Centro de Capacitación de la Mujer Obrera, y la Fundación Coen, del empresario Piero Coen.
Asimismo, la Fundación Centro de Comunicación y Educación Popular, la Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer Indígena de Sutiaba, la Asociación Academia Nicaragüense de Ciencias Jurídicas y Políticas, el Centro de Derechos Constitucionales, y la Fundación Nicaragüense para la Promoción de la Democracia, la Paz, y el Desarrollo de la Sociedad Civil, entre otras.
SUMAN 137 LAS ONG ILEGALIZADAS
Con la anulación de esas otras 25 ONG independientes, se elevó a 137 las entidades locales ilegalizadas desde que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril de 2018, que dejaron 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que son calificadas como un intento de golpe de Estado por Ortega.
El decreto de cancelación de las personalidades jurídicas de las 25 ONG fue aprobada con trámite urgente con el voto de 74 diputados sandinistas y sus aliados, 15 abstenciones, y el resto no votó, de los 91 legisladores que integran el Parlamento.
Según un informe del Ministerio de Gobernación, esas 25 ONG incumplieron con sus obligaciones, entre ellas que no se registraron como «agentes extranjeros, siendo sujetos obligados porque recibían donaciones del exterior».
Tampoco reportaron sus estados financieros con sus desgloses detallados de los ingresos, egresos, balanza de comprobación y detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final); ni sus juntas directivas.
Entre las organizaciones que han sido ilegalizadas se encuentran ONG que defendían los derechos humanos, médicas, feministas, educativas, universidades, ambientalistas, indígenas, de periodistas, y centros de pensamiento, entre otras.
También la filial nicaragüense de Operación Sonrisa, dedicada a realizar operaciones gratis a niños con paladar hendido o labio leporino.
El Ejecutivo también ha cancelado los registros y números perpetuos de cuatro ONG estadounidenses y seis europeas.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.