LeBlanc auguró un año 2022 «difícil» para Panamá debido al desempleo -situado en 11,3 %.
Por EFE
El defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc, afirmó que el Gobierno de su país «tiene que invertir en derechos humanos» y dotar de más presupuesto a los organismos nacionales involucrados en su preservación y promoción.
«Creo que gastamos mucha plata en otras cosas, en jubilaciones a comisionados (policiales) por ejemplo, y menos en instituciones relacionadas con los derechos humanos», afirmó LeBlanc en una entrevista con Efe.
El defensor del Pueblo recalcó que Panamá tiene ya tres décadas viviendo en democracia – tras la caída de la dictadura en 1989 – y que por lo tanto «es más importante ahora» todo lo relativo a los derechos humanos, «en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)» de las Naciones Unidas.
«No solo tenemos que decir que respetamos los derechos humanos, tenemos que también trabajar en eso», afirmó.
MÁS PRESUPUESTO
Leblanc dijo que las instituciones encargadas de la niñez, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el sistema carcelario o la misma Defensoría del Pueblo necesitan más presupuesto para poder llevar a cabo sus tareas, todas vinculadas a los derechos humanos bien sea como entes rectores o fiscalizadores.
Para poner en contexto la situación, indicó que la Defensoría del Pueblo tiene un «presupuesto general de inversión de 377.000 dólares» anuales, es decir, que cuenta con «menos de 4 centavos por persona».
«En Panamá tenemos alrededor de 19.000 personas privadas de libertad, que no estamos resocializando en debida formas. El Gobierno debe dotar de más presupuesto al sistema penitenciario», afirmó LeBlanc.
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), un ente envuelto en un grave caso de abusos, «maneja 8 millones de dólares» anuales, un presupuesto insuficiente para todas las tareas que debe acometer como ente rector de la política para esa población, agregó.
ABUSOS EN LOS ALBERGUES
El escándalo de abusos en albergues de menores supervisados por la Senniaf estalló en febrero de 2021 y conmocionó a la ciudadanía, que protestó repetidamente en las calles para exigir castigo para los responsables.
En una inspección a los 52 albergues del país la Defensoría constató, entre otros, que «no había fiscalización constantes de los albergues por parte del Senniaf», y que el personal de los mismos tenía un «nivel educativo precario y nula capacitación», sostuvo LeBlanc.
«Es muy importante que Panamá invierta mucho más en instituciones con el Senniaf, porque no solo es criticarlo hay que darle recursos», agregó.
Un informe parlamentario difundido en febrero pasado señaló que decenas de menores en albergues supervisados por el Estado fueron víctimas de abusos sexuales y malos tratos al menos desde 2015.
La Fiscalía tiene abiertas varias investigaciones, algunas desde 2018 según la información judicial, por los casos de abuso sexual, malos tratos e irregularidades administrativas en los albergues.
Al menos medio centenar de menores fueron reubicados y mantienen medidas de protección, mientras que un número no precisado de personas han sido imputadas y/o condenadas por el caso.
Los albergues en Panamá, que tienen una población de alrededor de 1.200 menores y adolescentes en situación de vulnerabilidad, son administrados por ONG y fundaciones, y reciben subsidios públicos.
UN 2022 «DIFÍCIL»
LeBlanc auguró un año 2022 «difícil» para Panamá debido al desempleo -situado en 11,3 % según los datos oficiales – la crisis del sistema de pensiones, el alto costo de las medicinas o problemas relacionados con el medioambiente, entre otros.
«El derecho al trabajo va a ser muy importante. Ya está la recuperación económica (en marcha). En algún momento Panamá debe pensar en el tema del subsidio: pagar 1.000 millones de dólares (al año) no sé si pueda ser sostenible en el tiempo, y creemos que esto puede ser objeto de manifestaciones» callejeras, afirmó.
En ese sentido, el defensor expresó que cree que este año «va a haber mayor cantidad de manifestaciones», y que este derecho a «disentir y manifestarse contra las decisiones del Estado» debe ser respetado.
«Nos hace falta más equidad como país», y es por ello que, sostuvo, «para poder cumplir los derechos humanos, es importante tener instituciones fuertes», lo que se puede lograr con los presupuestos adecuados, agregó.