Las pérdidas económicas acumuladas desde que comenzó la crisis han sido calculadas en al menos US$1.700 millones.
Por EFE
Panamá entra este lunes en la quinta semana de crisis por el rechazo popular a una gran mina de cobre vinculada a la empresa canadiense First Quantum Minerals (FQM), en medio de bloqueos de vías que están descalabrando la economía y la expectativa por la decisión del Supremo sobre la legalidad de la operación minera.
Los sindicatos docentes y de la construcción, que junto a grupos indígenas lideran desde el 23 de octubre pasado y de manera ininterrumpida la obstrucción de la Panamericana, la principal carretera de Panamá, y de vías en los centros urbanos, incluida la capital, han llamado a un paro nacional este lunes.
Es el segundo paro nacional después del convocado el jueves pasado, que tuvo un seguimiento muy pobre aunque logró seguir perturbando el desenvolvimiento social y económico de este país, donde cerca del 50 % de la población económicamente activa no está en ninguna nómina y vive de lo que produce cada día en la informalidad.
Las pérdidas económicas acumuladas desde que comenzó la crisis han sido calculadas en al menos 1.700 millones de dólares por las patronales de Panamá, que alertaron de que ya no se generarán 15.000 empleos temporales por las fiestas de Navidad y Año Nuevo.
Los bloqueos no solo han roto la cadena de suministros nacional, con el consecuente desabastecimiento de alimentos y combustibles especialmente en el norte del país, donde el hastío de la población comienza a expresarse con reclamos abiertos a los pequeños grupos que las vías.
La crisis afectan también a Centroamérica, que es una «región interconectada, en proceso de recuperación económica», y donde «este tipo de situaciones impiden que alcance los niveles de crecimiento necesarios para un desarrollo sostenido», como dijo la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (Fecamco).
Los sindicatos y grupos indígenas dicen que mantendrán la obstrucción de vías hasta tanto el contrato ley 406, aprobado el pasado 20 de octubre y que extendió por 20 años prorrogables la concesión a Minera Panamá, subsidiaria de FQM, sea derogado, lo que ya fue desestimado por el Parlamento.
En los bloqueos han muerto cuatro personas, dos arrolladas y dos tiroteadas, en eventos distintos que tuvieron como protagonistas conductores varados que fueron detenidos por la Policía, cuya actuación en esta crisis está siendo muy cuestionada.
Los grupos ambientalistas que tienen años luchando contra la mina Cobre Panamá, la mayor a cielo abierto de Centroamérica y que exporta el mineral desde 2019 especialmente al mercado chino, defienden que la vía más conveniente para el Estado no es la derogatoria sino que el Supremo declare la inconstitucionalidad del nuevo contrato ley.
La mina está «en el corazón del mayor corredor biológico de Mesoamérica», dicen los ambientalistas, que acusan los términos leoninos del nuevo contrato que, aseguran, mantiene los vicios que llevaron a que el anterior fuera declarado inconstitucional por el Supremo en 2017, más de 8 años después de interpuesto un recurso en ese sentido, una dilación a que muchos atribuyen la actual crisis.
Los activistas y grupos civiles que junto a un mar de jóvenes protagonizaron a finales de octubre las mayores manifestaciones pacíficas en décadas en Panamá, mantienen un campamento a las afueras de la Corte Suprema para presionar una pronta resolución de los recursos de inconstitucionalidad ya interpuestos.
La Corte anunció que el próximo viernes el pleno de nueve magistrados instalará una sesión permanente para decidir sobre dos de los hasta ahora 10 recursos de inconstitucionalidad admitidos.
La mina Cobre Panamá, que emplea a unas 40.000 personas de forma directa e indirecta, es una inversión de 10.000 millones de dólares, representa cerca del 5 % del producto interno bruto (PIB) del país y el 75 % de las exportaciones, según datos de First Quantum, que niega daños al ambiente y se declara un aliado para el desarrollo de la nación.
El nuevo contrato multiplica por 10 los aportes al fisco y establece mecanismos para la vigilancia medioambiental, afirma por su parte el Gobierno.