El exterior del hospital COVID fue registrado este lunes, durante su inauguración, en Ciudad de Panamá.
Por EFE
Las autoridades de Panamá inauguraron este lunes un área para atender a pacientes de covid-19 en la Ciudad de la Salud, una millonaria obra señalada por presunta corrupción y paralizada por un conflicto entre el país y FCC, la multinacional que se adjudicó su construcción, en medio de un repunte de casos que ha obligado a reimplantar severas restricciones de movilidad.
«Hoy, después de dos administraciones, los panameños hemos entrado a la Ciudad de la Salud. Y, en esta ocasión, recibimos este edificio con todas las comodidades y tecnología para atender a pacientes con covid-19», dijo el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, durante el acto inaugural, en el que estuvieron presentes el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, y el director del seguro social, Enrique Lau.
Tras un mes de obras, operadas por la empresa panameña Constructora Riga Services S.A, la «Fase 1 de la Ciudad de la Salud» cuenta con 300 camas para los enfermos de covid-19, divididas en 152 para sala de hospitalización, 48 para Unidad de Cuidados Respiratorios (UCRE) y 82 para Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
En UCI, los 82 cubículos podrían albergar hasta dos camas, lo que aumentaría hasta 30 el número de camas adicionales, según la información oficial, y las salas generales, además de contar con un equipo médico multidisciplinario, tendrán dos aparatos portátiles de ultrasonido y otros dos para radiología convencional.
Se «espera que esta semana lleguen los primeros pacientes», dijo a EFE, sin más especificaciones, una fuente oficial de la Caja del Seguro Social, ente que administra el voluminoso complejo hospitalario.
La Ciudad de la Salud o Ciudad Hospitalaria es una obra de más de 554 millones de dólares que fue licitada en el Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) para ser entregado en julio de 2015, pero una serie de irregularidades detectadas en el proyecto durante la administración de Juan Carlos Varela (2014-2019) retrasaron su construcción.
En febrero del año pasado, antes del actual conflicto entre las partes, el director de la Caja del Seguro Social (CSS), Enrique Lau, dijo que se esperaba que la obra, un conjunto de edificios diseñados originalmente para albergar 43 quirófanos, 1.235 camas y consultorios para diversas especialidades médicas, estuviera lista «para finales de 2021 o para el primer trimestre de 2022».
Ahora, bajo el Gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), mantienen una disputa por dicha adecuación del área para pacientes COVID-19, pues el pasado agosto el seguro social panameño solicitó a FCC que les presentara un proyecto para habilitar tres salas en esta instalación a utilizar ante la apertura de actividades en el país, semiparalizadas por la pandemia.
FCC respondió exigiendo un pago de 125 millones de dólares a través de Tribunal de Arbitraje Internacional, una cantidad que Panamá rechazó, y durante ese mismo mes, la constructora, cuyo mayor accionista es el magnate mexicano Carlos Slim, pidió a la CSS cancelar unilateralmente el contrato de la obra, pero el país centroamericano decidió extinguir por «resolución administrativa».
Panamá, con 298.019 contagios y 4.787 muertes por la covid-19, vive desde hace más de dos meses un explosivo repunte de la enfermedad, que le ha llevado a marcar cifras récord de nuevas casos, muertes y pruebas diagnósticas realizadas, y reimplantado severas restricciones y cuarentenas.