Desde 1991 Estados Unidos ha dado por cerrado el caso de la indemnización, que en 37 años únicamente ha sido reclamada por Ortega.
Por EFE
El Gobierno de Nicaragua reclamó este martes a Estados Unidos, a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una antigua indemnización superior a los 12.000 millones de dólares por los daños causados al financiar la guerra interna en el país centroamericano en la década de 1980.
La reclamación de la indemnización, ordenada el 27 de junio de 1986 en una sentencia de la Corte Interamericana de Justicia (CIJ), fue abandonada por Nicaragua oficialmente en 1991, pero el Gobierno del presidente Daniel Ortega ha vuelto a insistir en cobrar la millonaria cantidad.
El nuevo reclamo por incumplimiento fue presentado por Ortega al secretario general de la ONU, António Guterres, y entregada personalmente por el canciller nicaragüense, Denis Moncada, en el marco del 37 aniversario de esa sentencia de la CIJ.
Ortega le pidió a Guterres circular la carta con la posición de Nicaragua como documento oficial a todos los Estados miembros de la ONU.
EN 1988 SE FIJÓ EN US$12.000 MILLONES
«Nicaragua toma esta oportunidad para recordar que existe una deuda histórica con el pueblo nicaragüense que 37 años después no ha sido saldada por los Estados Unidos», dijo el mandatario sandinista, en la misiva.
Ortega sostuvo que no se trata de «una obligación pendiente de establecerse o sujeta a una opinión consultiva de un órgano judicial», sino de «una obligación claramente establecida en una sentencia firme de la máxima autoridad judicial internacional».
Recordó que hace 37 años la CIJ emitió una sentencia condenando a EE.UU. a indemnizar a Nicaragua «por todos los daños ocasionados como consecuencia de las actividades militares y paramilitares» en el país centroamericano.
«El valor estimado de los daños, en marzo de 1988, fecha en que fue presentada la memoria junto con toda la documentación comprobatoria de los mismos, se estimaba en 12.000 millones de dólares», detalló Ortega.
«Este monto no refleja los daños posteriores a dicha fecha, cuyas consecuencias son verificables actualmente. Por ejemplo, hasta el día de hoy el sistema de seguridad social del país continúa pagando pensiones a los lisiados de guerra y familiares de los mismos, inclusive a aquellos que formaron parte de las fuerzas contrarrevolucionarias financiadas ilegalmente por los Estados Unidos», agregó.
En ese sentido, Ortega criticó a Washington por no haber asumido «el costo social de dichas ilegalidades».
LA INDEMNIZACIÓN ES MAYOR, SEGÚN ORTEGA
Asimismo, según el dirigente sandinista, «los daños sobre los cuales Nicaragua pidió compensación no reflejaban la totalidad de daños reales, sino que estaban limitados a los actos sobre los cuales la Corte tenía jurisdicción para conocer de los mismos».
«La cuantificación de los daños, sufridos por Nicaragua, presentados a la CIJ, tuvo el apoyo y el aval de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) de Naciones Unidas», afirmó.
Ortega criticó que «la compensación debida a Nicaragua continúa sin ser saldada».
Además, explicó que Nicaragua «descontinuó el procedimiento ante la Corte para la determinación del monto debido, pero en ningún momento renunció al pago de la deuda, es decir al derecho a recibir su compensación».
«Nicaragua nunca recibió algo a lo que no tuviera derecho (como el derecho a no ser agredida) a cambio de descontinuar el juicio ante la Corte. En vez de recibir la compensación tal como corresponde moral y legalmente, Nicaragua continúa siendo objeto de una nueva modalidad de agresiones», indicó Ortega.
Desde 1991 Estados Unidos ha dado por cerrado el caso de la indemnización, que en 37 años únicamente ha sido reclamada por Ortega.
En la carta, el mandatario reprochó que en el actual contexto, en el que Nicaragua vive una crisis, «nuevamente ha sido víctima de agresiones, ahora llamadas eufemísticamente sanciones, y víctima de un intento de golpe de Estado», que es como Ortega califica las protestas que estallaron en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social.