Por EFE
Siete organizaciones opositoras de Nicaragua pidieron este miércoles a Estados Unidos aplicar la Ley Renacer (Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua), que establece sanciones más duras al Gobierno que preside Daniel Ortega, en el poder desde hace más de 16 años.
«Recomendamos encarecidamente que se aplique plenamente la Ley Renacer. También sugerimos que se realice una audiencia conjunta entre el Senado y la Cámara de Representantes sobre el estado de la implementación de esta Ley», demandó el grupo de organizaciones a través de una declaración.
En noviembre de 2021, el presidente de EE.UU., Joe Biden, firmó esta ley que busca presionar al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, con más sanciones, y permitir que se revise un tratado de libre comercio con el país centroamericano.
La legislación, aprobada en el Congreso estadounidense con el apoyo de demócratas y republicanos, urge al Gobierno de Biden a examinar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (CAFTA, en inglés) y, además, pide aumentar sanciones contra funcionarios del Gobierno sandinista.
El texto también insta a Biden a expandir la cooperación con Canadá y con la Unión Europea (UE) en la política hacia el país centroamericano, y a ampliar la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua.
PIDEN «PRESIÓN DECISIVA» CONTRA ORTEGA
«Las organizaciones de la oposición democrática desde Nicaragua y el exilio, integrantes de la Plataforma de Unidad por la Democracia, hacemos un llamado a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas respecto a la situación en Nicaragua ya que la dictadura Ortega-Murillo sólo responde a la presión decisiva», sostuvo ese grupo opositor.
A juicio de esas organizaciones, «se necesitan acciones coherentes y enérgicas de parte de la comunidad internacional».
«El cumplimiento de la Ley (Renacer) sería suficiente para forzar la salida de la dictadura en Nicaragua, pero hoy Renacer está inactiva, necesita una transfusión que le devuelva la fuerza muscular que se pretendía que tuviera», consideraron.
Esas organizaciones recomendaron a EE.UU. identificar y congelar «los activos del régimen ilegítimo en Estados Unidos, esto no sólo debe incluir a los miembros de la familia Ortega-Murillo, sino también a otros altos cargos del gobierno y de las fuerzas armadas».
Washington también debe alentar acciones similares por parte de sus aliados en todo el mundo, particularmente en Europa, Canadá y América Latina, agregaron.
«Las sanciones selectivas deben dirigirse a empresas y sociedades -incluidos sus propietarios y directivos- vinculadas al régimen que se benefician de las exportaciones a Estados Unidos», añadieron.
TAMBIÉN AL EJÉRCITO
Para esas organizaciones, esas «sanciones selectivas deben continuar para el Ejército nicaragüense y, sus inversiones financieras deben ser investigadas».
Asimismo, proponen la elaboración de «un informe público sobre los fondos recibidos por el régimen de parte de las instituciones financieras internacionales, indicando qué países votan a favor de la entrega de estos fondos», y otro similar «sobre las relaciones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con Nicaragua, incluyendo el papel de sus miembros».
Entre las organizaciones firmantes se encuentran Unión Nicaragüense de Autoconvocados, Unidad Juvenil y Estudiantil, Iniciativa por el Cambio, entre otras.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.