Guatemala suma once días de manifestaciones y bloqueos para exigir la renuncia de su fiscal general.
Por EFE
Las organizaciones del Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica condenaron este miércoles la «represión» contra manifestantes en Guatemala y señalaron que las recientes declaraciones del presidente Alejandro Giammattei están orientadas a «incrementar el conflicto».
«Condenamos la represión en Guatemala y reivindicamos el derecho a la manifestación pacífica», indicaron en un comunicado divulgado por una de las organizaciones con sede en San Salvador.
Guatemala suma once días de manifestaciones y bloqueos para exigir la renuncia de su fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras Argueta, quien se resiste a dejar el cargo pese al paro nacional que vive el país centroamericano.
Las organizaciones señalaron que la noche del 9 de octubre «un grupo de manifestantes fueron agredidas y agredidos por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), en el centro de la capital guatemalteca».
«De igual forma, consideramos inapropiadas las declaraciones emitidas por el presidente de la República, Alejandro Giammattei, en cadena nacional, orientadas a incrementar el conflicto y un clima de violencia que no contribuye a la garantía de los derechos humanos y la paz social», subrayaron las entidades.
Condenaron también «los intentos de provocación que está teniendo la PNC» contra los manifestantes y recordaron que «las protestas son un ejercicio de derechos» y una «manifestación del descontento popular acumulado por las arbitrariedades cometidas por el Estado de Guatemala», especialmente el MP.
«Nos solidarizamos con el pueblo guatemalteco, les acompañamos en su lucha contra la impunidad, reivindicamos el derecho a la libertad de reunión pacífica, movilización y protesta, y rechazamos enérgicamente todo tipo de violencia ocurrida en contra de las personas manifestantes», concluyeron.
Entre las organizaciones del Equipo Regional están el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Comisión de Derechos Humanos de Panamá (Conadehupa) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), entre otros.
Las protestas fueron convocadas e iniciadas el 2 de octubre por la organización indígena 48 cantones, del departamento (provincia) de Totonicapán (oeste). Desde entonces, se ha sumado una gran parte de la población.
Los manifestantes piden la dimisión de la jefa del Ministerio Público por supuestamente intentar modificar los resultados de las elecciones celebradas en junio y agosto pasado, ganadas sorpresivamente por el académico Bernardo Arévalo.